CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente electo de Guatemala elevaron el tono de rechazo ante las recurrentes maniobras dirigidas contra el Movimiento Semilla. La OEA se pronunció el viernes por el riesgo que corre la democracia del país y Bernardo Arévalo advirtió sobre un intento de consumar un golpe de Estado.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en su sede en Washington, el jefe de la misión de observadores de la OEA en Guatemala dijo que impedir la toma de posesión de Arévalo rompería el ordenamiento constitucional y la voluntad ciudadana, por los insistentes intentos de desconocer los resultados electorales y los ataques judiciales a su partido.
A su vez, el presidente electo hizo un llamado a la población en conferencia de prensa para acabar con “los golpistas” en referencia a “las series de acciones que se han venido acumulando" desde el ámbito judicial y político”. Cuestionó además que esas acciones están enfocadas en “romper el orden constitucional y que se hacen desde distintas instituciones de Estado y que tiene como objetivo conformarse como un golpe de Estado”, dijo.
Arévalo le puso nombre y apellido a quienes considera que encabezan la arremetida contra su partido y contra el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales.
“Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche, el juez séptimo de instancia penal Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”, dijo el presidente electo.
“Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma” agregó Arévalo. “Alertamos al pueblo de Guatemala que todavía faltan cuatro meses, durante los cuales estas mafias políticas intentarán consumar el golpe de Estado", declaró, recordando que “es legítima la resistencia del pueblo”.
El delegado de la OEA en Guatemala, Eladio Loizaga, ratificó por su parte que la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto fue pacífica y transparente y que hubo eficiencia en el sistema informático de transmisión de resultados preliminares, con poco más de 800 impugnaciones en más de 4,2 millones de votos válidamente emitidos.
Agregó que “los datos no dejan dudas de la voluntad expresada de la ciudadanía y coinciden con los datos recopilados por la OEA”.
Por la tarde, la Casa Blanca hizo público que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris había tenido una conversación telefónica con el presidente electo en el que hablaron de varios temas, entre ellos migración, corrupción, apoyo a la seguridad civil y el aumento de las oportunidades económicas a través de la estrategia Causas Raíces, que se enfoca en combatir las causas que empujan a miles de migrantes centroamericanos a huir de sus países hacia el norte.
“La vicepresidenta enfatizó nuestro compromiso con un mayor crecimiento económico y estabilidad para el pueblo de Guatemala, así como con la preservación de los valores e instituciones democráticas, incluidas las elecciones libres de intimidación o interferencia”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Loizaga hizo a su vez un recuento de las acciones contra Semilla, entre ellas, lo dispuesto el miércoles por el Congreso que desconoció al partido y declaró a sus diputados como independientes en un movimiento más contra la organización política que también enfrenta una investigación judicial. La decisión del Parlamento limita la posibilidad de que los legisladores de Semilla ocupen cargos de peso.
El partido logró 23 asientos, lo que lo coloca como la tercera fuerza más importante en el Legislativo. Esto "violenta las mínimas normas de convivencia democrática y del derecho parlamentario”, dijo Loizaga.
El funcionario agregó que, según diversos actores, todas las acciones parecen ir encaminadas a evitar la toma de posesión del nuevo presidente y su vicepresidenta Karin Herrera, prevista para enero.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien participó de la reunión, dijo que en el país “no hay una crisis electoral y que hay paz".
El Secretario general de la OEA, Luis Almagró, ratificó que una misión de organismo ente viajará a Guatemala y que él la encabezará, para ser testigo del inicio de reuniones de transición de gobierno. El actual presidente Alejandro Giammattei le ha invitado y comienzan el 4 de septiembre.
El fiscal Rafael Curruchiche investiga al Movimiento Semilla por una denuncia que el mismo Arévalo presentó por una supuesta falsificación de firmas para la formación del partido en 2022 pero que se aceleró cuando el entonces candidato pasó a la segunda vuelta electoral.
“El comportamiento de las autoridades de persecución penal ha sido selectivo, desproporcionado y a todas luces ajustado a los tiempos políticos. Dadas las condiciones documentadas, es imposible que esta Misión de Observación Electoral llegue a otra conclusión que en este caso muy específico se está utilizando de forma política a los mecanismos y las herramientas de la justicia guatemalteca" contra Semilla, dijo Loizaga.
En su intervención Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA, sostuvo que "debilitar a Arévalo es debilitar al pueblo de Guatemala”.
Al finaliza los países firmaron una declaración en la que mostraron preocupación por las acciones judiciales de la fiscalía y otros actores políticos dentro de las elecciones e hizo un llamado a las instituciones de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial a respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo de Guatemala.
En la segunda ronda presidencial Arévalo obtuvo 60,91% de los votos frente a 39,09% de la conservadora Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Loizaga también habló de la denuncia de supuesto fraude de UNE y dijo que no tiene “sustento legal, ni probatorio” y que resulta "contrario a la lealtad en el que todo proceso (electoral) debe descansar”.
Curruchiche fue sancionado por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia al igual que el juez Fredy Orellana, que suspendió a Semilla, por emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
