SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista, retiró el viernes el fuero constitucional a un diputado opositor y la policía lo detuvo casi de inmediato para que se le juzgue por los delitos de enriquecimiento ilícito así como de lavado de dinero y activos.
La decisión de quitar la inmunidad parlamentaria a Alberto Armando Romero Rodríguez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue aprobada con los votos a favor de 78 de los 84 diputados del Congreso unicameral a petición del Ministerio Público.
“Se declara que hay lugar a formación a causa en contra del diputado propietario Armando Alberto Romero Rodríguez y se le suspende en el ejercicio de sus funciones”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro, tras la votación en una sesión plenaria extraordinaria.
Minutos después que desaforaran al legislador, la Policía Nacional Civil se presentó al Congreso para ejecutar la orden de captura girada por la Fiscalía y lo sacó esposado, protegido con casco y chaleco contra balas, de la oficina de la fracción de Arena, donde estaba retenido desde el 23 de agosto.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, presentó la solicitud de desafuero contra el veterano diputado de Arena después de analizar la información recibida y llegar a la conclusión, dijo, de que existen los suficientes indicios del cometimiento de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito.
Para la Fiscalía, el diputado no ha podido justificar ingresos por más de 1,1 millones de dólares. El 14 de agosto, una sala de segunda instancia declaró culpable a Romero Rodríguez del delito de enriquecimiento ilícito por más de 445.000 dólares y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.
“Contando con los elementos de prueba necesarios, se solicita al Pleno que proceda al desafuero inmediato del legislador de Arena, Alberto Romero”, expresó el diputado Giovanny Zaldaña, que se desempeñó como fiscal de la Comisión de Antejuicio.
“No vamos a permitir que ese sistema político podrido del pasado siga saqueando el Estado y continúe protegiendo a los corruptos y los ladrones. Estamos de frente en esta guerra contra la corrupción”, agregó Zaldaña.
“Me siento como perro amarrado frente a tigres sueltos, porque no puedo hacer valoraciones de carácter político, solo valoraciones eminentemente técnicas, no puedo ser contestatario y mi defensa se vuelve débil”, dijo durante el debate el abogado defensor Ernesto Alfredo Parada.
Insistió en que no hay pruebas contra el diputado y también que este proceso “es doble juzgamiento”.
El desafuero de Romero Rodríguez contó con los votos del bloque de Arena que recriminó a los diputados oficialistas por no combatir la corrupción dentro de sus filas.
“Vamos a concurrir con nuestro voto, porque somos conscientes que, si existe un atisbo de justicia, no será en este circo parlamentario que han convertido la Asamblea, esperamos que sea en tribunales”, manifestó el parlamentario de Arena, César Reyes.
“Estoy en contra de la corrupción venga de donde venga. Pero no de que se aplique una justicia selectiva”, agregó la legisladora Rosa Romero, también de Arena, en un acalorado debate ante el bloque oficialista.
Las diligencias sobre el levantamiento de inmunidad se remitirán a un tribunal penal, explicó el diputado presidente del Congreso. Romero Rodríguez será procesado judicialmente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los cargos podrían suponer una pena de entre ocho y 25 años de prisión.
El político, de 57 años, fue elegido diputado suplente en dos periodos consecutivos de tres años desde el año 2000 al 2006. Desde esa fecha es diputado propietario, ocupando importantes cargos como jefe de la bancada del partido Arena y vicepresidente del Congreso salvadoreño, entre otros.
Recientemente, el Congreso también le retiró el fuero constitucional al oficialista Erick García Salguero para que se le juzgue por el delito de falsedad ideológica, al haber entregado información falsa a un asesor para el trámite de un supuesto crédito que nunca se concretó.
En diciembre de 2021, el Legislativo, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, despojó de su fuero al expresidente del Congreso y diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, de Arena, para que fuera juzgado por fraude electoral y asociaciones ilícitas, tras negociar con las pandillas con vistas a las elecciones presidenciales de 2014.
El candidato del exrebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez Cerén, ganó esos comicios.
En febrero de 2022, el Congreso retiró además su inmunidad a dos diputados del partido Nuevas Ideas para que fueran procesados penalmente por el delito de cohecho impropio, al supuestamente participar en una conspiración que provocaría una ruptura del grupo parlamentario del partido oficialista.
