MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, ha señalado que "desde su puesta en marcha, con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con discapacidad han podido designar quién ha de prestarles apoyo y con qué alcance", según recoge la revista 'Escritura Pública'.
"También ha permitido establecer las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad", ha añadido Martínez.
Antes de la aprobación de esta ley, como ha indicado el Notariado, para ejercitar sus derechos ya fueran patrimoniales, familiares o sucesorios, muchas de las personas con discapacidad tenían que solicitar --ellos o sus familiares-- la incapacitación judicial.
Ahora, tal y como ha detallado la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Patricia Arrizabalaga, "las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son iguales a las demás, y, en consecuencia, toman sus decisiones con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos". "La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema. Es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos de humanos", ha añadido.
No obstante, la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, ha alertado de que dos años después de su entrada en vigor "aún se detectan reticencias, desinformación, recelos o miedo". Por este motivo, ha llamado a la unión para remar en el mismo sentido y superar los escollos. "Debemos acompañar a la ley en su crecimiento y movilizar a la sociedad para conseguir que la igualdad sea efectiva", ha destacado.
En la misma línea, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez admite que queda aún camino por recorrer. En este sentido, ha recordado que "es una ley proceso que requiere de un gran trabajo de concreción y de aplicación, y eso va a llevar, al menos, una década".
Asimismo, Pérez ha expresado que esta transformación del sistema jurídico "tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía", por lo que cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar.
Con el objetivo de impulsar la colaboración y el conocimiento en torno a la Ley 8/2021 nació en junio de 2023 la 'Alianza Apoyo y Autonomía', una iniciativa de CERMI, junto con Fundación Aequitas y Fundación ONCE para impulsar el conocimiento e implementación de la ley.
Por otra parte, Plena Inclusión España, la Fundación ONCE y Fundación Aequitas han desarrollado el programa 'Documentos notariales en lectura fácil', destinado a hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo los documentos notariales.
