TEL AVIV, Israel (AP) — El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu dijo el domingo que quiere que los migrantes de Eritrea que participaron en un violento enfrentamiento en Tel Aviv sean deportados de inmediato, y ha ordenado un plan para expulsar a todos los migrantes del país africano.
Sus declaraciones se producen un día después de que violentas protestas entre grupos rivales de eritreos en el sur de Tel Aviv dejaron a decenas de personas heridas. Eritreos, simpatizantes y opositores del gobierno de la nación africana, se enfrentaron con tablones, pedazos de metal y piedras, dañando aparadores y vehículos de la policía. Agentes de la policía antimotines de Israel lanzaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y municiones mientras que policías a caballo trataban de controlar a los manifestantes.
Los actos de violencia del sábado pusieron nuevamente bajo los reflectores el tema de los inmigrantes, el cual ha dividido a Israel desde hace tiempo. Su resurgimiento se produce mientras el país se encuentra sumido en una división en torno a un plan de reformas judiciales de Netanyahu, y los simpatizantes citan el asunto migratorio como un motivo por el cual las cortes deben ser controladas, asegurando que han obstaculizado la expulsión de los migrantes.
“Queremos medidas duras en contra de los saqueadores, incluida la deportación inmediata de quienes participaron”, dijo Netanyahu en una reunión ministerial especial convocada tras los actos de violencia. Solicitó a los ministros que le presenten planes “para el retiro de todos los demás infractores ilegales”, y destacó en sus declaraciones que la Corte Suprema rechazó algunas medidas que estaban dirigidas a obligar a los migrantes a salir del país.
Las leyes internacionales establecen que Israel no puede enviar por la fuerza a los migrantes de regreso a un país en donde su vida o su libertad estén en riesgo.
Netanyahu dijo el domingo que no cree que sea un problema deportar a los simpatizantes del gobierno de Eritrea.
Cerca de 25.000 migrantes africanos viven en Israel, en su mayoría procedentes de Sudán y Eritrea, quienes aseguran que huyeron de conflictos o la represión. Israel reconoce a muy pocos de ellos como solicitantes de asilo, considerándolos en su inmensa mayoría como migrantes económicos, y asegura que no tiene una obligación legal de mantenerlos.
El país ha intentado varias tácticas para obligarlos a dejar el país, incluido el envío de algunos de ellos a una prisión remota, retener parte de sus salarios hasta que accedan a dejar el país, u ofreciéndoles pagos en efectivo a quienes accedan a mudarse a otro país de África.
