QUITO (AP) — Al menos cinco periodistas se vieron obligados a huir de Ecuador en un contexto de violencia generalizada, informaron el jueves varias organizaciones de prensa.
Susana Morán, vocera del organismo no gubernamental Periodistas sin cadenas, lamentó las “malas cifras” que presenta Ecuador en cuanto a garantías para el ejercicio profesional durante una rueda de prensa que congregó a varios grupos defensores de la libertad de expresión.
Entre enero y agosto se registraron más de 200 agresiones contra periodistas, de las cuales 30 fueron amenazas y de ellas 15 de muerte, dijo Morán citando cifras recogidas por los gremios. Esto representa el doble de las amenazas de muerte de 2021 y 2022 cuando hubo siete y ocho, respectivamente, precisó.
Según César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización de defensa de la libertad de expresión, “este año van cinco periodistas que hemos tenido que sacar” del país por la falta de condiciones para que vivan o trabajen seguros en sus lugares habituales de residencia.
En marzo la periodista Karol Noroña dejó Ecuador tras recibir amenazas de muerte en medio de sus investigaciones de la crisis carcelaria, mientras Andersson Boscán y Mónica Velásquez salieron en julio por la misma razón. Otros periodistas —cuya identidad no se reveló— atravesaron circunstancias similares.
Los voceros coincidieron en endilgar la responsabilidad a “las negligencias del Estado ecuatoriano” frente a la protección de los profesionales, dijo el representante de Fundamedios.
Entre los hechos amenazantes Ricaurte mencionó “atentados, ataques contras sedes de medios de comunicación, contra casas de periodistas y amenazas directas de parte de grupos delincuenciales”.
En este contexto las organizaciones anunciaron como una “acción desesperada” la creación de una mesa para la protección de los profesionales, así como la visita prevista para fines de septiembre del relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca.
Isabel Ponce, directoral del portal digital GK, detalló que la mesa ha creado protocolos para verificar amenazas, realizar análisis de riesgo y ejecutar acciones de protección para periodistas con riesgo inminente de vida.
Los periodistas exigieron al gobierno de Guillermo Lasso la pronta creación de un mecanismo oficial de protección contemplado en un reglamento de la Ley de Comunicación suscrito en agosto y que dispone la elaboración de un protocolo de seguridad especial para quienes cubren temas de narcotráfico, minería ilegal, contrabando y trata de personas, entre otros temas.
Ecuador es considerado uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios intencionales que en 2022 alcanzó la cifra récord de 4.600 y que en lo que va de 2023 ha superado los 3.600.
“Las cifras en este año nos dicen que vamos a superar las tasas de homicidio del año pasado con creces y posiblemente eso nos ubique en los primeros lugares de los países más peligrosos de América Latina”, sentenció Ponce.
