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El partido de Sandra Torres exige una auditoría que determine la validez de las elecciones de Guatemala

La UNE pide investigar la "alianza" entre Semilla y el TSE, y pone en duda la "celeridad" de Giammattei en el traspaso de poder

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la excandidata presidencial Sandra Torres, ha exigido este miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una auditoría que determine la validez de las elecciones en las que ganó el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, con más del 60 por ciento de los votos.

"Exigimos que el TSE permita una auditoría informática forense que determine la validez de las elecciones y otorgue certeza jurídica a los resultados reportados, lo cual hemos solicitado oficialmente en reiteradas ocasiones", reza un comunicado.

Asimismo, la UNE ha pedido al Ministerio Público informar al pueblo guatemalteco "sobre los avances de las investigaciones penales relacionadas con el fraude electoral y la alianza entre el Partido Semilla y autoridades del TSE".

"Genera muchas dudas la celeridad con la que el Presidente de la República realiza desde ya la entrega del poder y la precipitada e ilegal conducta de los magistrados del TSE para adjudicar cargos y terminar con el peor proceso electoral de la historia del país", continúa la misiva.

La formación de Torres, quien todavía no ha reconocido la victoria de Arévalo, ha señalado que "confía en la sujeción a la Constitución" y al orden jurídico por parte de la Justicia de Guatemala.

Bernardo Arévalo y Karin Herrera recibieron en la víspera las credenciales como presidente y vicepresidenta electos de Guatemala, en un acto en el que han reconocido el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para defender la voluntad popular escogida en las urnas.

Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.

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