La orden de emergencia con que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, suspendió el derecho a portar armas de fuego en público en Albuquerque y sus alrededores fue impugnada sin dilación el sábado por un grupo que defiende el derecho a poseerlas, tal como habían anticipado juristas y activistas.
La Asociación Nacional a favor de los Derechos para Poseer Armas y Foster Haines, un miembro que vive en Albuquerque, presentó ante la Corte Federal de Distrito en Nuevo México sus documentos en que demanda a Lujan y solicita la cancelación inmediata de la ejecución de la orden.
La impugnación judicial era esperada, pero la orden del viernes de la gobernadora supone un intento para “hacer avanzar el debate”, dijo Jessica Levinson, profesora de Leyes en la Facultad de Derecho Loyola, en la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles, después que Lujan anunciara que cancelaba temporalmente el derecho a portar armas de fuego en la ciudad más grande del estado y en el condado circundante de Bernalillo.
La gobernadora demócrata dijo que la suspensión durante 30 días, decretada como una medida de emergencia de salud pública, se hará valer en la mayor parte de los lugares públicos, desde las aceras hasta los parques.
Añadió que la policía estatal será la responsable de hacer cumplir lo que constituyan infracciones civiles que conlleven una multa de hasta 5.000 dólares.
El fiscal de distrito del condado Bernalillo, Sam Bregman, que alguna vez fue dirigente del Partido Demócrata y fue nombrado por Lujan en el cargo, se sumó el sábado al alcalde de Albuquerque, Tim Keller, y al jefe de policía Harold Medina, quienes habían anunciado que no harán cumplir la orden.
“Como funcionario del sistema judicial, no puedo hacer cumplir ni haré cumplir algo que a todas vistas es inconstitucional”, sostuvo Bregman, el principal fiscal en la zona de Albuquerque. “Esta oficina continuará concentrándose en los delincuentes de todas las edades que utilicen armas en la comisión de un delito”.
El jefe policial del condado Bernalillo, John Allen dijo que le preocupaba la manera en que reaccionarán los poseedores de armas.
“Soy precavido de colocar a mis agentes en una posición que pudiera resultar en conflictos de responsabilidad civil”, declaró Allen, “así como de los posibles riesgos que suponen prohibir a los ciudadanos respetuosos de la ley su derecho constitucional a la defensa propia”.
