BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)
Puesto en marcha en 2017, el programa orientado a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas está ejecutado por Naciones Unidas y financiado con 500 millones de euros por parte de la UE, principal contribuidor.
Pese a que la iniciativa ha completado sus proyectos y beneficiado a mujeres y a niñas en todo el mundo, el informe de los auditores subraya que es "difícil evaluar en qué medida obtuvo los resultados previstos". Así, advierte de que es un "intento ambicioso" de poner en marcha un instrumento para combatir la violencia contra la mujer pero admite que "su impacto es aún limitado".
Bettina Jakobsen, auditora a cargo del informe, ha resaltado que la iniciativa abordó necesidades y objetivos pertinentes con "algunos logros positivos", aunque la evaluación general es negativa. "Hemos comprobado que sí ha tenido alguna repercusión. Por desgracia, nuestra conclusión no es positiva porque la iniciativa ha tenido hasta ahora escaso impacto en términos de mejora de la situación de las personas a las que pretende ayudar", ha indicado.
En este sentido, el informe asegura que "no hay pruebas de que la violencia contra las mujeres y las niñas haya disminuido en los países cubiertos por la iniciativa", pese a que sí valora la puesta en marcha de proyectos de formación, campañas de sensibilización y ayudas a víctimas en todos los países de África y Latinoamérica.
ALTO COSTE ES UN RIESGO PARA MANTENER EL PROGRAMA
En concreto, el Tribunal de Cuentas Europeo pone el acento en los altos costes de la gestión del programa, ya que la participación de distintas organizaciones de Naciones Unidas tuvo gastos de gestión de hasta el 60 por ciento del total de la financiación.
Además, avisa de que el seguimiento de los gastos reales es limitado y de que no se compararon exhaustivamente las opciones de ejecución ni los costes con respecto a otros programas.
Los costes indirectos de las acción llegaron hasta el 7 por ciento de los costes directos, esto es el máximo permitido en virtud del acuerdo entre a UE y la ONU, sin que Bruselas intentara negociar costes indirectos inferiores.
Por todo ello, los auditores piden mejorar la relación entre los costes y las prestaciones recomendando así que se aumente el importe de la financiación que llega a los beneficiarios finales. A su juicio, estos elevados costes son un riesgo para la sostenibilidad de las actividades, por lo que demanda mejorar el modelo de supervisión y aumentar la visibilidad de la UE, como único financiador de la iniciativa.
