CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rompió el diálogo el martes con el gobierno saliente al anunciar que suspende el proceso administrativo de transición de poder, tras la última arremetida de la fiscalía con el allanamiento a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos.
Arévalo pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como del fiscal que solicitó los allanamientos, Rafael Curruchiche, y del juez que los autorizó, Fredy Orellana. Aseguró, además, que solo retomará el proceso iniciado con el presidente Alejandro Giammattei cuando se reestablezcan “las condiciones políticas necesarias”.
“En asociación perversa, han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en proceso, que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política y espuria del partido UNE" dijo Arévalo en conferencia de prensa, aludiendo al partido perdedor de la segunda vuelta electoral de la candidata Sandra Torres.
La fiscalía de Guatemala intensificó el martes en la mañana su acometida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente —que dio como ganador a Arévalo—, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
El partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, enfrenta una indagación de la fiscalía y un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.
Según la constitución de Guatemala, el presidente electo debe tomar posesión de su cargo el próximo 14 de enero. Con su decisión de dejar la transición, Arévalo explicó que “de ninguna manera obstaculiza la continuidad del proceso legal de transmisión del poder” que está fijado constitucionalmente. Lo que causará, matizó, es un ajuste en la transferencia de información planteada.
Desde la presidencia, se emitió un pronunciamiento de reacción: “Ésta es una decisión que respetamos pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha”.
Y añadió que mantiene su “disposición de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten”.
En cuanto a la fiscal Porras, Arévalo reiteró que van a presentar solicitudes de retirada de inmunidad contra ella y contra el juez Orellana por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral, prevaricato y violación a la constitución. Presentará también denuncia contra el fiscal Curruchiche, que no goza del beneficio de inmunidad. “Los golpistas deben renunciar”, sentenció el presidente electo.
El Tribunal Supremo Electoral confirmó en la mañana que los fiscales abrieron las cajas que contienen los votos de los ciudadanos pese a que según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, sólo pueden manipularlas el propio Tribunal y las Juntas Receptoras de votos.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público... el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.
Agregó que "nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.
El pleno del Tribunal Electoral también cuestionó el actuar de la fiscalía y dijo, en un boletín de prensa, que estaban “profundamente preocupados” ante una “inédita contravención a la ley electoral". Eso, recalcó el comunicado, "muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos”.
El Tribunal agregó que las acciones del martes de la fiscalía vulneraron “la cadena de custodia del voto".
En conferencia de prensa Irma Palencia, presidenta del TSE, informó que el tribunal está analizando qué acciones legales emprenderán. “No pensamos que se iba a llegar hasta ese punto; la conclusión es que es preciso emprender acciones”, dijo.
“De verdad, fue grotesco ver algunas fotografías donde se ve en una superficie las distintas bolsas que tienen color; identificamos que fueron las boletas que contienen los votos” dijo Palencia.
El magistrado electoral Gabriel Aguilera insistió en que los allanamientos y la revisión de las cajas con votos supone “cuestionar la confianza, la soberanía del pueblo guatemalteco, que son los que tienen la custodia del voto”.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a The Associated Press que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.
“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal... es un acto arbitrario”, indicó Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.
Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la última elección general.
En el COPE los fiscales abrieron las cajas electorales que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano —además de los nulos y los no usados— así como el padrón electoral. Sacaron los votos y uno a uno los cotejaron con actas electorales, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, dijo a periodistas que el ente no dio su permiso para abrir las cajas y que esta intervención era bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez. La fiscalía pidió revisar 60 cajas que contienen los votos de varios departamentos del país.
Curruchiche dijo a periodistas que “este allanamiento surge por la denuncia que presentó un ciudadano, específicamente de los resultados que se dieron el 25 de junio” en la primera vuelta electoral.
El juez Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.
Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.
La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.
Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial... no pueden impedir que nadie asuma”.
El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.
La misión de observación de elecciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "profunda preocupación" por la actuación de la fiscalía, en un comunicado.
“La apertura de paquetes electorales por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular”, recogió el boletín de prensa. También señaló que tales acciones son evidencia de una instrumentalización política del aparato de persecución penal.
Estados Unidos y la Unión Europea también expresaron preocupación por la situación del país.
