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Israel.-El ministro de Justicia tilda de "golpe mortal a la democracia" la vista en el Supremo sobre la reforma judicial

El tribunal analiza si tumba la polémica 'cláusula de razonabilidad', uno de los elementos clave de la propuesta

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, ha tildado este martes de "golpe mortal a la democracia" la vista ya en marcha en el Tribunal Supremo sobre la polémica 'cláusula de razonabilidad', uno de los elementos clave del proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno, encabezado por Benjamin Netanyahu e integrado por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.

Levin ha manifestado que la vista, que podría derivar en la anulación de la cláusula tras recibir el respaldo de la Knesset, tiene lugar "con una total falta de autoridad" y supone además un "golpe al estatus del Parlamento", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La cláusula, muy criticada por la totalidad de la oposición, anula la capacidad del tribunal para bloquear acciones por parte del Gobierno y sus nombramientos a partir del concepto legal de "razonabilidad", lo que implica una enmienda a una de las Leyes Básicas del país, que componen un corpus cuasi-constitucional, ante la ausencia de Carta Magna en Israel.

"Los presidentes y los jueces del Tribunal Supremo durante las últimas generaciones se han mostrado de acuerdo en que el pueblo es soberano y en que su voluntad está representada en las Leyes Básicas aprobadas por la Knesset", ha defendido Levin, ante la demanda presentada por una serie de organismos reguladores y organizaciones civiles que argumentan que la enmienda daña gravemente la democracia israelí.

Así, el ministro de Justicia ha criticado que "el tribunal, cuyos jueces se eligen entre ellos a puerta cerrada y sin protocolo, se sitúa por encima del Gobierno, de la Knesset, de la población y de la ley", si bien el Comité de Secciones Judiciales cuenta con poder de veto en manos de representantes políticos sobre el nombramiento de los jueces del Supremo.

Levin ha reiterado que la vista en el Supremo "sacude los pilares de la democracia". "Hasta hoy, a pesar de un activismo judicial altamente problemático, al menos había una base acordada, que era que el tribunal respetaba las Leyes Básicas". "Esta es la base que preservó la democracia en Israel. La responsabilidad de preservarla depende del tribunal", ha zanjado.

Por su parte, el ex primer ministro y ahora líder opositor Yair Lapid ha argüido que la 'cláusula de razonabilidad' "no es una Ley Básica ni se parece siquiera a una Ley Básica". Por ello, ha tildado de "irresponsable" que "alguien escribiera Ley Básica en ella y desde entonces pidiera que fuera tratada como si fuera una escritura sagrada".

"El Tribunal Supremo discute esta mañana una ley que supone una desviación", ha reseñado Lapid, quien ha argumentado que la cláusula fue aprobada en la Knesset tras un proceso "gestionado de forma violenta, precipitada, chapucera, estrepitosa y descontrolada".

"Los que quieren que las Leyes Básicas sean tratadas con sobrecogimiento deberían empezar por legislarlas a través de un proceso adecuado", ha dicho el opositor, que ha subrayado que "las Leyes Básicas tienen un procedimiento" y ha pedido "un mínimo respeto al proceso, que no tuvo lugar". "No estuvo ni cerca", ha apostillado.

Miles de personas se concentraron el lunes frente a la sede del Supremo en Jerusalén para protestar contra la polémica reforma judicial, mientras que horas antes fueron detenidos cuatro manifestantes durante una protesta frente a la vivienda de Levin, principal impulsor de la polémica reforma judicial, que ha desatado meses de movilizaciones y una grave crisis política en Israel.

Los críticos con la reforma judicial, incluidos todos los partidos que confirman la oposición, argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento --donde la coalición de Netanyahu cuenta con una mayoría absoluta-- una influencia inusitada para limitar las competencias judiciales.

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