MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El juez del Supremo Alexandre de Moraes ha comenzado su intervención destacando que los prejuicios causados a las sedes de los Tres Poderes durante los asaltos de aquel día, "y sin contar los daños incalculables a los bienes de la Unión", están valorados en algo más de 15 millones de reales, unos tres millones de euros.
De Moraes ha relatado que el 8 de enero de 2023, miles de personas, "guiadas por un odio irracional, casi patológico" e "imbuidos por la osadía y la ignorancia", atentaron contra el patrimonio histórico. "Pero no destruyeron el espíritu de la democracia, no lograron, ni jamás serán capaces de subvertirla", ha enfatizado.
Los cuatro primeros señalados son Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos, Mateus Lima de Carvalho Lázaro, todos ellos acusados de asociación para delinquir, golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho, daños, y deterioro del patrimonio protegido.
Después de la intervención del juez De Moraes, ha sido el turno del encargado de coordinar el proceso, el subprocurador Carlos Frederico Santos, quien ha señalado que los investigados participaron en "crímenes multitudinarios", por lo que la acusación no necesita determinar la conducta específica de cada uno de ellos.
"El Ministerio Público no tiene que describir la conducta de cada uno de los perpetradores del acto criminal, sino los resultados de los actos realizados por la turba, sin ser necesario precisar quién rompió una puerta, una ventana, o una obra de arte", ha defendido Santos, quien ha incidido en que aquellos actos tenían como objetivo "tumbar un gobierno legítimamente electo", informa 'O Globo'.
El Supremo espera que estos cuatro casos tengan una fuerte carga simbólica, por lo que se esperan penas ejemplares. La Fiscalía ha solicitado hasta 30 años de prisión para ellos, así como para otros 40 acusados, cuyos casos todavía no están listos para ser juzgados. En total han sido unas 1.400 las acusaciones.
No obstante, De Moraes autorizó el mes pasado a la Fiscalía a llegar a acuerdos de colaboración con cerca de mil investigados por aquellos hechos, la mayor parte casos relacionados con quienes acamparon en las inmediaciones del cuartel general del Ejército en Brasilia, pero sin irrumpir en la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran las sedes asaltadas del Senado, el Congreso y la Presidencia.
