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El TSE de Guatemala presenta una acción de amparo ante el Constitucional por los registros de la Fiscalía

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado este martes ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo por los registros que ha llevado a cabo el Ministerio Público en las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE).

La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala registra las instalaciones del Centor de Operaciones del Proceso Electoral del Tribunal Supremo Electoral FISCALÍA DE GUATEMALA

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El asesor jurídico del TSE Abraham Álvarez ha explicado que han presentado "esta búsqueda de protección" porque la ley establece que "los únicos órganos facultados para poder revisar los materiales electorales son el TSE, como máximo órgano, y las juntas departamentales electorales".

Álvarez ha subrayado que los funcionarios de la Fiscalía han abierto actas y, "lo más grave", se "pusieron a contar algunas papeletas, sabiendo que es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos".

"Obviamente, consideran que están legitimados para realizar tal acción", ha manifestado, al tiempo que ha remarcado que consideran "de urgencia la protección que ordene suspender dicha diligencia".

La Fiscalía de Guatemala lanzó este martes una nueva operación en instalaciones del TSE, en pleno litigio político y judicial por la consolidación de los resultados de los últimos comicios presidenciales, en los que obtuvo el triunfo el izquierdista Bernardo Arévalo.

Tras este registro, Arévalo ha anunciado la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, y ha exigido la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana.

Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.

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