ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Un juez federal bloqueó el miércoles parte de una orden de salud pública que suspendía el derecho a portar armas de fuego en público en la principal zona metropolitana de Nuevo México, en momentos en que aumentan las críticas contra la medida implementada por la gobernadora y se amplían las divisiones políticas.
El fallo del juez federal David Urias constituye un revés para la gobernadora de Nuevo México, la demócrata Michelle Lujan Grisham, quien dispuso la medida en respuesta a varios tiroteos recientes que cobraron la vida de niños, entre ellos uno de 11 años cuando se retiraba de un partido de béisbol de ligas pequeñas en Albuquerque.
Lujan Grisham impuso el viernes una orden de salud pública de emergencia que suspendía el derecho a portar armas de fuego a la vista o de manera oculta en lugares públicos con base en un umbral estadístico para crímenes violentos sólo en Albuquerque y su periferia. La gobernadora mencionó los recientes incidentes a tiros en el estado que han cobrado la vida de niños, diciendo que algo tenía que hacerse.
Urias dio la razón el miércoles a la parte demandante en varias denuncias, quienes dijeron que la medida viola los derechos constitucionales, y concedió una orden de restricción temporal para bloquear la suspensión dispuesta por la gobernadora. Estará en vigencia hasta la audiencia judicial del 3 de octubre.
Sobre las acciones de Lujan Grisham, Urias dijo que “no la culpo por querer tomar medidas frente a actos terribles”. Pero señaló que él enfrenta una cuestión mucho más estrecha en cuanto a los derechos de los ciudadanos.
En virtud de la orden, la policía estatal tenía la facultad de evaluar la imposición de sanciones civiles y una multa hasta de 5.000 dólares. Tanto el jefe de la policía del condado, como el de la policía de Albuquerque se habían rehusado a hacer efectiva la orden.
El resto de la orden de salud pública, que incluye inspecciones mensuales a vendedores autorizados de armas de fuego en el estado, informes sobre víctimas de armas de fuego en hospitales de Nuevo México y pruebas de aguas residuales para detectar sustancias ilícitas, continúa intacta.
Los defensores del derecho a la posesión de armas han presentado numerosas impugnaciones judiciales a la orden en la Corte Federal en Albuquerque, argumentando una violación a los derechos civiles previstos en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Los republicanos en la mayoría legislativa han propuesto que se abra un proceso de juicio político contra la gobernadora.
Lujan Grisham ha mantenido su postura a pesar de las protestas multitudinarias que han tenido lugar los últimos días en diversas plazas públicas de Albuquerque. La gobernadora está poniendo nuevamente a prueba los límites de su autoridad ejecutiva después de que utilizó diversas órdenes de salud pública para imponer estrictos confinamientos a comienzos de la pandemia de coronavirus. De cualquier forma, reconoció que es posible que los delincuentes ignoren la orden que emitió el viernes.
Madres y veteranos militares han participado en las protestas, muchos de ellos con sus pistolas a la cintura y fusiles al hombro. Dicen que les preocupa su capacidad para defenderse de delitos violentos en una ciudad aterrada por los tiroteos desde vehículos en movimiento e incidentes de tránsito.
Incluso demócratas en altos cargos, como el fiscal general de Nuevo México, Raul Torrez, han dejado entrever que la gobernadora habría invertido mejor su tiempo en la elaboración de una iniciativa para enfrentar el problema.
