MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado "el uso desproporcionado del sistema judicial" contra activistas medioambientales que protestan de forma pacífica para "defender la tierra" en México.
"El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente", ha declarado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
"Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus Derechos Humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones", ha añadido Guevara.
Un informe de la organización expone que las autoridades de distintos niveles estatales han usado la Justicia en contra de estos activistas "sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", mediante el uso de tipos penales ambiguos como 'motín', 'obstrucción de obra pública' o 'ataques a las vías de comunicación', todo ello sin tener en cuenta "los contextos de las protestas".
Además, muchas de estas denuncias, dirigidas principalmente contra los líderes de los movimientos, han sido creadas a partir de "interpretaciones amplias de tipos penales" y de "tergiversación de los hechos".
Amnistía ha informado de que muchos de estos procesos, que se usan "en completa impunidad", suelen estar acompañados de "estigmatización" hacia estas personas, que a su vez conllevan "problemas graves a su seguridad e integridad".
"La criminalización injusta de las personas defensoras de Derechos Humanos distrae la atención sobre las causas raíz y los desafíos que enfrentan las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente", ha agregado la ONG.
El informe detalla recomendaciones para atajar este problema, como que las autoridades reconozcan la "valiosa labor" de los activistas, que se abstengan de estigmatizarlas, garantizar su participación en este tipo de asuntos, fortalecer los mecanismos de protección, abstenerse de usar cuerpos de seguridad militarizados en protestas, cesar su criminalización y que se investiguen los casos de violencia en su contra.
Y es que hay otras "violaciones" que ocurren durante las protestas que quedan sin investigar, como el incumplimiento del derecho de libertad o el uso excesivo de la fuerza.
El primer caso en los que se centra el informe es el de Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde "un grupo diverso de personas se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en la que causaría daños ambientales"
Otro caso es el de Zacatepec, en el que dos comunicadores y defensores nahuas protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo (Puebla) y que contaminaría el Río Metlapanapa tras desembocar en el mismo.
El tercer caso es el de Chilón (Chiapas), donde dos defensores tseltales fueron criminalizados tras oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
Por último, se encuentra el de Sitilpech (Yucatán), donde los pobladores de la localidad se han opuesto a las actividades de "una megagranja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera".
