BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
El miércoles, el de Suecia fue el primer gobierno en mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar "más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta", pero otras delegaciones han mostrado también sus dudas en contactos informales, según han informado a Europa Press distintas fuentes europeas, lo que complica que España pueda contar con la unanimidad necesaria para lograr un acuerdo en el Consejo de Asuntos Generales europeos del día 19.
"Hay muchas preguntas, pocas respuestas y ninguna urgencia para nadie salvo España", resume una fuente diplomática después de que la petición de sumar las tres lenguas cooficiales al marco de la UE se discutiera esta semana en Bruselas, en un primer grupo de trabajo a nivel técnico para preparar la reunión del martes.
El asunto volverá a ser examinado este viernes por los Veintisiete, esta vez a nivel de embajadores, en donde varios países pedirán a España más concreción sobre el coste que supondría para las arcas comunitarias la inclusión del catalán, euskera y gallego y otras cuestiones como la capacidad para contar con traductores e intérpretes suficientes.
Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobre la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como "articular" la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.
Mientras, para otros países como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.
TEMOR A UN EFECTO DOMINÓ
Además, España no es el único país con lenguas minoritarias en su territorio y a otras delegaciones les preocupa que abrir este debate puede generar un "efecto dominó" que despierte reivindicaciones similares en otras regiones, explica el alto funcionario de un Estado miembro.
En todo caso, el debate a nivel de ministros tendrá lugar el martes en Bruselas a una reunión a la que asistirá el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, algo inusual porque es el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, quien habitualmente representa a España en el Consejo de Asuntos Generales.
En este caso, estarán presentes ambos, Navarro para moderar la reunión desde la posición de presidencia de turno de la Unión Europea y Albares para explicar la propuesta y defenderla ante sus socios. El intercambio de opiniones se dará por hecho, mientras que la votación, prevista en la agenda también, dependerá de lo que decida la presidencia española en el curso del debate.
ALBARES DEFENDERÁ LA PROPUESTA
La presencia de Albares el martes en Bruselas no es sino la escenificación de la "voluntad política" que él mismo ha venido defendiendo que tiene el Gobierno de que su petición prospere. "Seré yo quien acuda a presentar, explicar y defender la propuesta española", había anunciado la semana pasada en Lugo.
El jefe de la diplomacia, al igual que otros altos cargos del Ministerio y el representante permanente ante la UE, han venido manteniendo contactos con todas las capitales europeas para hacer entender lo único del caso, puesto que las tres lenguas cooficiales tienen encaje en la Constitución.
En estos contactos, se había percibido un "espíritu constructivo" por parte del resto de socios que confiaba pudiera concretarse con su visto bueno a la petición trasladada por carta el 17 de agosto.
En el Gobierno no han querido entrar en detalles de lo que, según Albares, es una "propuesta clara", y no se ha aclarado si España ha planteado a sus socios un calendario concreto para que catalán, euskera y gallego empiecen a usarse como lenguas oficiales de la UE.
Cabe recordar que en el único caso en el que se incluyó una nueva lengua oficial, el gaélico, pese a que la decisión se adoptó en 2007 no terminó de implementarse hasta 2022 a petición de la propia Irlanda por la complicación de traducir todos los documentos.
