MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha emprendido, con el recuerdo todavía presente de la crisis de refugiados que vivió Europa en 2015, una política de línea dura para atajar la llegada de migrantes a las costas italianas, limitando la labor de las ONG en el Mediterráneo en medio del colapso de los centros de acogida.
El decreto 'Cutro', aprobado en mayo por el Parlamento italiano, obliga a las embarcaciones a acudir a un puerto asignado por las autoridades tras realizar un rescate, obviando las necesidades más inmediatas de los migrantes, que han sufrido en su camino hacia Europa toda suerte de abusos y penurias.
El director de programas de Médicos sin Fronteras de Italia (MSF), Marco Bertotto, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que este marco migratorio de las autoridades italianas, que ha tildado de "vergonzoso" e "ilegal", busca "obstaculizar" e imponer un "boicot" a la labor humanitaria en aguas del Mediterráneo.
De no acudir al puerto asignado, las ONG se enfrentan a cuantiosas multas y a una detención administrativa de hasta 20 días. MSF presentó en marzo un recurso ante la corte de la ciudad italiana de Ancona contra la detención de su barco de rescate 'Geo Barents', que fue intervenido en febrero, si bien esto no tuvo éxito.
Bertotto explica que las apelaciones ante los bloqueos son "inútiles". Los barcos se ven obligados así a permanecer atracados y no pueden acudir a las zonas de operación si reciben llamadas de emergencia ante un estricto control de seguridad llevado a cabo por las autoridades portuarias.
Al igual que MSF, SOS Mediterranée cuestiona la detención de diez días impuesta el pasado 11 de julio contra el 'Ocean Viking' en la ciudad italiana de Civitavecchia, puesto que en una de las últimas inspecciones las autoridades confirmaron que el barco cumplía con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
"La confirmación de que el barco cumplió todas las normas desde el principio significa que puede que no hubiese ningún motivo objetivo para la detención de diez días a la que fue sometido el 'Ocean Viking'", señala la coordinadora de comunicación de la ONG, Lucille Guenier, a Europa Press.
Desde SOS Mediterranée denuncian que están "bajo un nivel extraordinario de escrutinio" y que han enfrentado "interpretaciones cuestionables" de los estándares y normas existentes, al igual que otras ONG que trabajan en el Mediterráneo.
TÚNEZ Y LIBIA, CLAVES PARA ENTENDER LA CRISIS
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 159.000 migrantes procedentes de países como Guinea, Costa de Marfil, Egipto o Túnez han llegado a Europa a través del mar en 2023 y más de 2.700 han muerto en el intento.
En un momento en el que el aumento de migrantes procedentes de Túnez ha puesto en jaque la capacidad de la Unión Europea (UE) para hacer frente al flujo migratorio, los 27 han firmado un acuerdo con el Gobierno de Kais Saied para cooperar en materia migratoria a cambio de ayuda para paliar la crisis económica en el país africano.
El acuerdo, que contempla 255 millones de euros en 2023 para frenar la migración irregular, incluye medidas para el fortalecimiento de los controles fronterizos y el endurecimiento de la lucha contra el tráfico de personas, así como iniciativas para atraer la inversión hacia Túnez.
El polémico pacto ha obligado al comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Olivér Várhelyi, a defender esta semana ante el Parlamento Europeo la decisión tomada por la UE, especialmente a raíz de las acusaciones contra el Gobierno tunecino por su campaña de violencia xenófoba contra subsaharianos y por el abandono de decenas de migrantes en zonas remotas del desierto en la frontera.
De hecho, la defensora del Pueblo de la UE ha preguntado a la Comisión Europea si realizó una evaluación del impacto sobre los Derechos Humanos antes de firmar el pacto y ha interpelado a Bruselas sobre si tiene mecanismos en marcha para cancelarlo por dichos motivos, dado el caso.
El bloque comunitario ha continuado así con la senda que ya inició en 2017, cuando firmó un memorando de entendimiento con Libia, que hasta hace unos años era el principal puerto de salida por delante de Túnez, país que en los últimos meses ha desbancado a su vecino en el número de salidas irregulares hacia el Mediterráneo.
Este memorando dejó en manos de la Guardia Costera libia el control de las operaciones de salvamento marítimo. Debido a ello, muchos migrantes acaban siendo devueltos de forma ilegal a centros de detención en Libia, donde sufren todo tipo de abusos, desde arrestos y tortura hasta violencia sexual.
En este sentido, desde MSF aseguran que existe un enfoque securitario sobre la migración en lugar de uno humanitario y apuntan a la guerra de Ucrania como ejemplo de que es posible poner en marcha un mecanismo que garantice "ciertos derechos y obligaciones" en virtud de los Derechos Humanos.
"Salvar vidas es una obligación y esto no se puede someter a discusión", apunta Bertotto, agregando que la actitud de la UE es "egoísta" por mirar únicamente los números --cuando solo recibe un pequeño porcentaje de toda la migración mundial-- y que hay un componente racial en sus políticas.
Según datos de MSF, desde principios de 2023 más de 3.100 personas han sido rescatadas por el personal del barco de salvamento marítimo 'Geo Barents', uno de los que opera la ONG, lo que eleva el total de migrantes rescatados a cerca de 8.900 desde 2021.
TENSIONES COMUNITARIAS E INTERNAS
También esta semana el Gobierno alemán ha suspendido un mecanismo voluntario de acogida de refugiados desde Italia. Berlín argumenta que Roma incumple sus obligaciones bajo el Convenio de Dublín al no aceptar la repatriación de migrantes desde territorio alemán.
Mientras, siguen en marcha las negociaciones a nivel de Consejo de la UE para un nuevo Pacto de Migración y Asilo con el objetivo de sustituir al reglamento de Dublín, adoptado por primera vez en los años 90 y reformado en dos ocasiones.
La cuestión migratoria ha suscitado discrepancias no solo a nivel comunitario, sino también en la coalición de derechas italiana. Meloni ha decidido impulsar las actividades del comité interministerial de Seguridad, apartando así al líder de Liga y ministro de Infraestructura, Matteo Salvini, cuya cartera no forma parte del mecanismo.
La decisión no ha sido bien recibida por Salvini --artífice de la línea dura contra la migración ilegal--, que ve en esta medida una pérdida de influencia y una excesiva centralización del poder en manos del subsecretario de Estado, Alfredo Mantovano.
EL DECRETO PIANTEDOSI
Tras el decreto 'Cutro', el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, está impulsando una ley que pretende incrementar la presencia de cuerpos policiales y reforzar el sistema de repatriaciones, con especial énfasis en migrantes que tengan antecedentes penales.
Una de las disposiciones del decreto modificará la llamada 'Ley Zampa', que regula la acogida de menores extranjeros no acompañados. Con esta estrategia, las autoridades buscan endurecer los procedimientos para determinar la edad de los migrantes y aliviar la carga de las administraciones locales.
Pese a que este proyecto de ley no ha sido aprobado, el Gobierno italiano distribuyó una circular a principios de agosto en la que exige a las prefecturas el cese inmediato de las medidas de acogida para aquellos titulares de acogida internacional.
Las autoridades argumentan que es necesario, ante el colapso del sistema, dar cabida a los solicitantes de asilo que han llegado más recientemente. Esto ha producido una saturación en las instalaciones de acogida, dejando estos días imágenes de miles de migrantes esperando en los centros de la isla de Lampedusa.
