GINEBRA (AP) — El gobierno de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos por socavar la libertad democrática con el empleo de amenazas, vigilancia y acoso antes de que el presidente, Nicolás Maduro, se presente a la reelección el año que viene, reportaron el miércoles expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas.
La misión investigadora internacional autorizada oír el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que el gobierno ha cambiado de táctica desde la pandemia de COVID-19, cuando terminaron las protestas masivas de la oposición y los posteriores arrestos y tortura de manifestantes.
Ahora, dice el informe, las autoridades reprimen a miembros de la sociedad civil, políticos, dirigentes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros opositores reales o percibidos. Estos han sido sometidos a arresto, vigilancia, amenazas, campañas de difamación y procesos criminales arbitrarios bajo cargos de discurso de odio o terrorismo.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el gobierno acalla y atemoriza a cualquiera que piense en participar en alguna actividad que se considere de crítica al gobierno”, dijo Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión, a la prensa el miércoles.
La misión de tres miembros dijo que al menos cinco ejecuciones arbitrarias, 14 desapariciones temporarias y 58 detenciones arbitrarias tuvieron lugar entre enero de 2020 y agosto de 2023. Documentó 28 casos de torturas o de trato cruel, inhumano o degradante de detenidos, 19 de los cuales incluyeron violencia sexual o de género.
El gobierno no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones de la Associated Press. Tampoco respondió directamente a la misión, a la que no ha dado permiso para entrar al país.
La misión no tiene autoridad judicial, pero las pruebas que ha reunido pueden ser utilizadas por la Corte Penal Internacional o por cualquier país que aplique la “jurisdicción universal”, como la Argentina, para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad. La misión ha denunciado anteriormente los “crímenes de lesa humanidad” en la Venezuela de Maduro.
Dentro de un mes se celebrarán elecciones primarias organizadas por corrientes de oposición para elegir un candidato que enfrente a Maduro en 2024. Los expertos señalaron que el gobierno ha vedado la participación de tres posibles candidatos: Henrique Capriles, Maria Corina Machado and Freddy Superlano.
El gobierno venezolano frecuentemente margina a sus adversarios al vedarlos de la función pública, y no solo de las contiendas presidenciales. Esa veda se aplicó retroactivamente a Superlano, entonces candidato a gobernador, cuando aventajaba a un hermano del difunto presidente Hugo Chávez, pero aún no se lo había declarado ganador.
Machado es una activista conservadora y libremercadista, considerada extrema incluso en la oposición derechista por negarse a negociar con el gobierno de Maduro. Con todo, es la candidata principal de oposición. La veda, que alega fraude y violaciones impositivas, fue emitida tres días después de que se anotó en las primarias.
Tappatá Valdez dijo que la falta de independencia de las instituciones de gobierno y los esfuerzos concertados de algunas de ellas, como la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral “contribuyen a reducir el espacio cívico y democrático”.
