MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Según el Ministerio de Exteriores venezolano, se trata de "insólitas acusaciones falsas y sin fundamento", que entronca con el supuesto interés internacional para "mancillar" la imagen de Venezuela y legitimar la imposición de las sanciones internacionales, "criminales e ilegales".
"Pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas como parte de la política criminal e injerencista de 'cambio de régimen' que impulsa el Gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo", ha sentenciado en un comunicado el departamento que encabeza Yván Gil.
Caracas considera que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, constituida en 2019 por iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es en realidad un "esperpento" del Grupo de Lima, el bloque constituido para recriminar la deriva antidemocrática del Ejecutivo de Nicolás Maduro.
En este sentido, ha señalado que los miembros de la misión son en realidad "mercenarios tarifados", dispuestos a "mentir sobre un tema tan sagrado como los Derechos Humanos". "No dedican una línea de su escrito ni un minuto de su show mediático para explicar cómo despilfarran, sin auditoría alguna, los recursos del sistema internacional, elaborando pasquines repletos de falsos positivos", ha apostillado.
Venezuela no concede por tanto credibilidad alguna a este tipo de "mecanismos paralelos, innecesarios y agresivos", dentro de un alegato que llama de nuevo a la "no injerencia en los asuntos internos", uno de los argumentos recurrentes del chavismo para cuestionar durante estos últimos años las críticas recibidas. De hecho, el Ministerio ha subrayado que seguirá comprometido con "la promoción, respeto y protección" de los Derechos Humanos.
La misión de la ONU advirtió la semana pasada de que la "vigilancia internacional" es "más crucial que nunca" en Venezuela, ya que tiene "motivos razonables" para denunciar cinco ejecuciones arbitrarias, más de medio centenar de detenciones ilegítimas y 29 casos de torturas y maltrato, entre ellos 19 de violencia sexual y de género.
De la represión indiscriminada tras la ola de protestas opositoras de 2017 se ha pasado a "amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes" contra personas y entidades concretas, contra las cuales también se han utilizado actos de difamación y censura", según los expertos, que han advertido de medidas para instaurar el miedo.
La comisión incide en que este contexto es "especialmente alarmante" teniendo en cuenta que Venezuela debe celebrar elecciones presidenciales en 2024. Varios políticos opositores, entre ellos María Corina Machado, una de las favoritas, han sido inhabilitados para ejercer cargo público alguno.
