CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cientos de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos, protagonizaron el lunes una protesta violenta a las afueras de una sede del ente estatal de inteligencia en la capital de México en la víspera del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mientras sus familiares y activistas persisten en los reclamos sobre las trabas para esclarecer el caso
Con petardos y bombas incendiarias caseras, decenas de manifestantes atacaron la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una agencia que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde pintaron grafitis y realizaron algunos destrozos en la entrada.
El ataque a la instalación estatal se dio poco después de una manifestación que realizaron familiares y amigos de los de los 43 estudiantes para exigir al CNI que aporte información sobre el paradero de los jóvenes que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero.
Más temprano, activistas, familiares y exintegrantes de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron en un foro donde se reiteraron los cuestionamientos al proceso de investigación y las quejas sobre las trabas de las fuerzas militares para entregar información clave del caso.
Así lo reconoció Carlos Beristain, exintegrante del grupo de expertos, quien afirmó que en nueve años “hemos tocado muchas verdades”, pero sostuvo que “se necesita la voluntad” de las autoridades para tener acceso a archivos claves e información de personas vinculadas al crimen organizado y del aparato del Estado que conocieron de los hechos ocurridos en el 2014.
El grupo experto denunció, poco antes de cesar las labores en México en julio pasado, que el Ejército mexicano aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencia del caso.
A las críticas se sumó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes, quien manifestó preocupación por la decisión de un juez de llevar adelante una acción que presentaron los abogados de algunos de los militares detenidos por presuntas irregularidades en el proceso.
Rosales negó que a los militares detenidos se les hayan dictado cargos por la desaparición de los estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y afirmó que los procesos que enfrentan es por la “colusión con el grupo delictivo de Guerreros Unidos”, que es señalado de participar en la desaparición de los 43 jóvenes junto con elementos de corporaciones de seguridad locales y estatales.
Por el caso, han sido detenidos una docena de militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Entre los militares detenidos, están el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
En los últimos días, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación y jefe de la comisión gubernamental que investiga el caso, Alejandro Encinas, y otras autoridades se han reunido con los familiares de los estudiantes para entregarles un nuevo informe de los hechos.
En agosto del año pasado, Encinas presentó un informe que fue cuestionado por el grupo de expertos que reconoció que las pruebas utilizadas por la comisión gubernamental tenían “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que complicaba la verificación de las evidencias.
El caso de Ayotzinapa se convirtió en un símbolo en un país con más de 110.000 desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
