PANAMÁ (AP) — La Asamblea Nacional de Panamá suspendió el debate y devolvió al gobierno el jueves un contrato de concesión que se había negociado con una minera canadiense para explotar cobre en una zona boscosa al norte del país y que había cosechado fuerte rechazo social por el riesgo que podría suponer al ambiente.
El contrato con Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum, acordado con el ejecutivo panameño representa 375 millones de dólares en ingresos para el Estado —en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos—, lo que suponía, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior, de 1997.
Dicho contrato requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional para que se convierta en ley del país. Pero la comisión legislativa que discute el tema suspendió el proceso y decidió enviarlo con nuevas recomendaciones al ejecutivo.
La minera ubicada al norte del país es la mayor explotación de cobre y una de las inversiones privadas más grandes en Centroamérica.
El acuerdo con Minera Panamá generó en las últimas semanas un enorme rechazo por parte de grupos ambientalistas, sociales y estudiantiles y sindicales que sostienen que es lesivo para el país y advierten sobre irreversibles daños al ambiente.
Tras más de un año de conflictivas negociaciones, el gobierno panameño y la minera alcanzaron en marzo pasado un acuerdo que permitirá a la mina seguir operando por 20 años más y prorrogables a otros 20 años más.
Los críticos dicen que el Estado está haciendo demasiadas concesiones a la minera y advierten del impacto medioambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de importancia hídrica. Presionan para que se eche atrás el contrato con Minera Panamá e que incluso se clausure esa actividad.
Entre los aspectos señalados para suspender el debate en la Asamblea, están los relativos a las cláusulas sobre expropiación de tierras y sobre uso por parte de la minera de riveras marinas y del espacio aéreo sobre el área que opera la mina.
El presidente de la Comisión legislativa de Comercio y Asuntos Económicos, Roberto Ábrego, dijo que luego de un amplio periodo de consultas con las comunidades de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón, así como de La Pintada, en la provincia de Coclé, se tomó la decisión de solicitarle al Ejecutivo la retirada del proyecto.
Aludió a “una serie de inquietudes manifestadas por los residentes de estas áreas, las cuales ameritan que se realicen modificaciones al contrato”. Y sobre los artículos referentes al espacio aéreo mencionó que es importante eliminar “cualquier controversia sobre soberanía”.
La filial de la minera canadiense defiende, por su parte, que aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto de Panamá y que sus exportaciones de cobre representaron el 80% de los envíos totales realizados por el país en 2021. Y subraya que emplea a más de 7.000 trabajadores.
En un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias, el titular de la cartera Federico Alfaro consideró que la Asamblea Nacional dio una “muestra de apoyo” al aporte de la minería a la economía panameña al recomendar al ejecutivo “retirar el contrato para realizar las modificaciones necesarias que garanticen que la relación contractual entre Minera Panamá y el Estado sea de larga data".
Informó que, se evaluará la resolución emitida por el Legislativo y se presentarán nuevas recomendaciones al Consejo de Gabinete, con miras a incluir propuestas que resuelvan las inquietudes planteadas.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfiel dijo que “no se trata de modificar un contrato para que la empresa siga extrayendo con más ganancias para Panamá, se trata de definir el modelo de desarrollo de nuestro territorio donde está comprometida nuestra diversidad el agua, la gente y eso no se está tocando de fondo".
"Nosotros no compartimos la idea de retirarlo para modificarlo, lo que queremos es un rechazo y que haya un referéndum nacional”, recalcó la activista.
El abogado Ernesto Cedeño, especialista en contratación pública y Derecho administrativo, dijo que ante la objeción popular se veía venir "un resultado como éste, pues es el menos traumático para el ejecutivo, pues le da pie para revisar las cláusulas”.
Subrayó que no se trata de suspender el debate minero en la Asamblea para dejar a la empresa extraer los minerales a sus anchas, con la anuencia estatal y sin un contrato vigente. “Es suspender y no permitir la comercialización del producto, hasta que todo quede en regla”, matizó.
