MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Es una de las primeras iniciativas que los de Alberto Núñez Feijóo han registrado en el Senado haciendo valer su mayoría absoluta. Pese a que aún se desconoce cuando se verá en el Pleno, la amplia ventaja que tiene el PP en la Cámara Alta permitirá que se tramite y se derive al Congreso para que decida.
En concreto, esta propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea blindar por ley la defensa y protección de los símbolos oficiales como banderas, escudos, himnos o estandartes, tanto de España y la Corona, como de las Comunidades y Ciudades Autónomas y las entidades locales en todo el territorio nacional.
Para ello, la ley recoge como infracciones muy graves el ultraje, la exhibición de símbolos partidistas o la exhibición de símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial, a excepción de las colocaciones ocasionales por cordialidad, entre otras cosas.
Asimismo, son consideradas como grave la inacción o permisividad de alguna de las anteriores infracciones o el incumplimiento de la restauración de los símbolos. El descuido o la negligencia tienen la consideración de infracción leve.
ACTUALMENTE ESTÁ EN EL CÓDIGO PENAL
La infracción de ultraje a España actualmente está recogida solamente en el Código Penal y está castigado con una multa de siete a doce meses, algo que los 'populares' buscan ampliar a la vía administrativa para "llenar el vacío normativo" existente, según exponen en su escrito.
Es decir, los de Alberto Núñez Feijóo plantean que los ayuntamientos tengan la posibilidad de imponer las sanciones en el caso de que sea su competencia, algo que también puedrían llevar a cabo el Consejo de Ministros o el Ministro de Política Territorial cuando les corresponda.
Las sanciones propuestas en la ley van desde la amonestación para aquellas infracciones más leves hasta la publicación la infracción el boletín oficial y la no percepción de la indemnización por el cese en el cargo para las graves. Las sanciones para las faltas más graves incluyen además la imposibilidad de ocupar un cargo público en un plazo de cuatro años.
