CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de expertos de Naciones Unidas manifestó el viernes preocupación por los altos registros de detenciones preventivas prolongadas en México y alertó que esa situación alcanzó a los migrantes y ocasionó que durante el primer semestre de este año se detuviera a más de 240.000 extranjeros.
Así lo planteó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria al final de una visita de 11 días que realizó a México por invitación del gobierno mexicano para evaluar las políticas y situación de los detenidos en los centros de reclusión. No hacían un estudio in situ desde el 2002 cuando visitaron por primera vez el país.
“Es preocupante que la detención preventiva, excesivamente prolongada, es común entre todas las personas detenidas”, afirmó el grupo en un informe que ofrecieron el viernes al final de su visita.
Reiteraron los cuestionamientos de Naciones Unidas a la prisión preventiva oficiosa que se aplica en México, que también fue objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando instó a las autoridades mexicanas a ajustar sus leyes en esa materia para cumplir con los estándares internacionales.
En México hay dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que se da cuando el fiscal la solicita al juez por considerar que un detenido es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
En sus observaciones preliminares el grupo, integrado por tres especialistas, señaló que para el 2022 había 90.000 personas en detención preventiva, de las cuales cerca de la mitad estaban bajo detención preventiva oficiosa. Los expertos mencionaron que encontraron algunos detenidos sometidos a prisión preventiva oficiosa “a más de 5 años desde su detención”.
La decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de ampliar a 16 la lista de delitos que permiten la prisión preventiva de oficio, que incluyó los casos de abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales, alentó la polémica contra la normativa.
El año pasado la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando y defraudación fiscal, decisión que fue duramente criticada por López Obrador. Señaló a los ministros de proteger a la “delincuencia de cuello blanco”.
En conferencia de prensa, la ecuatoriana Miriam Estrada-Castillo, integrante del grupo de expertos, afirmó que tras la visita a 15 centros de detención de la capital mexicana y los estados de Nuevo León y Chiapas detectaron “un número considerable de detenidos (que) sufre violencia excesiva en el acto de su detención con el propósito de obtener confesiones”.
Incluso, mencionó, se llega a “tortura” para obtener información de presuntos sospechosos y conseguir pruebas.
En el informe, expusieron el caso de un detenido que recibió un disparo en el estómago por parte de la policía, lo que resultó en la extirpación de parte de su intestino.
Estrada-Castillo dijo que al grupo le preocupaba que en México se aplique una “versión ampliada” de la detención arbitraria y que una persona sea apresada sin orden judicial en momentos posteriores a la ejecución del delito, a pesar de no haber sido sorprendida en el acto.
Asimismo, los expertos mostraron inquietud por el uso de las fuerzas militares y la Guardia Nacional en actividades de seguridad pública, política que ha defendido López Obrador alegando que son necesarias para hacer frente a las organizaciones criminales mexicanas que poseen poderosos armamentos.
El grupo dijo en su informe que la movilización de militares para labores de seguridad y control migratorio “ha estado estrechamente relacionada con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios”. Señalaron que las personas apresadas por personal militar con frecuencia eran sometidas a “graves actos de violencia y tortura, incluyendo golpizas con objetos extraños”.
Los expertos también mostraron inquietud por los numerosos migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran detenidos en México y precisaron para el primer semestre de este año que las autoridades estimaron en “más de 240.000” los extranjeros detenidos, pero no aclararon su condición actual.
La ucraniana Ganna Yudkivska dijo a la prensa, a través de una traductora, que detectaron un “número significativo” de migrantes que fueron detenidos “más allá del límite de 36 horas” establecido en la constitución.
Esta situación “aumenta el riesgo de incurrir en una detención arbitraria”, subrayó. De igual forma, expresó inquietud por las condiciones en las que se mantienen los niños migrantes, que son llevados a instalaciones que dependen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Durante su conferencia matutina, López Obrador descartó el viernes que su gobierno incurra en violaciones de derechos humanos y afirmó que “no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres”. “No es un gobierno represor como los de antes”.
