CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tribunal mexicano rechazó emitir una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en un proceso por enriquecimiento ilícito, anunciaron el martes las autoridades. El exfuncionario tiene otros tres procesos legales pendientes en México y está detenido en Estados Unidos, donde fue declarado culpable por aceptar sobornos de cárteles del narcotráfico.
La Fiscalía General de México, que ha tenido a su cargo los diferentes procesos judiciales contra García Luna, sufrió un revés luego de que un tribunal colegiado de apelación negara la orden de aprehensión del exfuncionario, que en febrero pasado fue declarado culpable en Estados Unidos. Está detenido desde 2019.
Al objetar la resolución judicial, la Fiscalía General dijo en un comunicado que la medida se da a pesar de que “está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos”, pero no precisa las razones que llevaron al tribunal a decidir a favor del exfuncionario.
La Fiscalía calcula que el enriquecimiento ilícito de García Luna asciende a 43 millones de pesos (2,52 millones de dólares).
La Fiscalía General de la República solicitó en julio a la Interpol la localización y detención de García Luna, su esposa y cuatro de sus hermanos.
El exsecretario de Seguridad Pública ejerció el cargo del 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.
Además de este proceso penal, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende la Secretaría de Hacienda, reveló en febrero que el exsecretario mantuvo durante dos décadas una red de corrupción y lavado de dinero con un conglomerado familiar de 40 empresas que obtuvieron recursos públicos por 745 millones de dólares, que terminaron en Estados Unidos y se utilizaron para adquirir numerosos inmuebles y lujosos vehículos.
El Ministerio Público anunció el martes que emprenderá procedimientos legales contra los magistrados del tribunal colegiado y contra un juez de distrito que también negó la detención.
García Luna tiene otras tres órdenes de detención pendientes en México por otros tres procesos. Uno, por supuesto ingreso ilegal de armas a territorio mexicano; otro, por unos contratos que se otorgaron a empresas privadas para la construcción de penales y un tercero, por unos contratos para el equipamiento de cárceles públicas federales.
Una de las causas pendientes tiene que ver con el fallido operativo federal conocido como “Rápido y Furioso”, que se conoció tras la muerte a finales del 2010 del agente fronterizo Brian Terry.
Ese operativo se desarrolló entre 2009 y 2011 cuando agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) permitieron la salida de 2.500 armas ilegales a México para rastrear las actividades de los cárteles de la droga a través del armamento. La agencia le perdió la pista a la mayoría de las armas, incluidas dos que fueron encontradas en el lugar donde Terry fue asesinado en el sur de Arizona.
García Luna también enfrenta un caso por unos contratos que hizo el gobierno de Calderón con empresas privadas para construir y prestar servicios a reclusorios federales, que han sido cuestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades. Sostienen que los millonarios contratos le generaron un daño patrimonial al Estado.
