BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)
"El TPI es el primer tribunal internacional permanente creado para investigar y enjuiciar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto", ha recordado el Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que ha pedido a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que "se adhieran al Estatuto de Roma".
"Junto con nuestros socios internacionales, la UE seguirá trabajando y promoviendo la ratificación y aplicación del Estatuto de Roma, así como la integridad del TPI", ha señalado Borrell. La decisión del Parlamento armenio está a la espera de la firma del presidente del país, Vahagn Jachaturián, para entrar en vigor.
La votación en el Parlamento armenio se saldó con 60 votos a favor y 22 en contra, pese a los avisos lanzados en los últimos días por el Gobierno de Rusia, que ya había advertido de posibles consecuencias frente a un país del que tradicionalmente se ha considerado aliado, dado que abre la puerta a que Ereván esté obligado a acatar ordenes de arresto pendientes, entre ellas la del presidente ruso, Vladimir Putin.
Sin embargo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Hakob Arshakián, aseveró que, con esta decisión, el Parlamento armenio no busca en ningún momento dar un paso hostil hacia Rusia o Putin, a contrario de lo que, dice, difunden algunos rusos y opositores armenios. "Existen desacuerdos y tensiones entre todos los compañeros, amigos y familiares. La tensión aparente es temporal y estoy seguro de que será aclarada y superada", sostuvo.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, mostró el "total desacuerdo" de Moscú con los argumentos del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, sobre que "la decisión se debe a la insuficiencia de los instrumentos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la asociación armenio-rusa a la hora de garantizar la seguridad del país". "Es necesario que encontremos algún tipo de solución diplomática sobre este tema", manifestó.
Armenia tiene la vista puesta en la Justicia internacional para poder, llegado el caso, pedir cuentas a Azerbaiyán por los posibles abusos en la región de Nagorno Karabaj, especialmente después de la reciente escalada de violencia que se ha saldado con el éxodo de unos 100.000 refugiados y la inminente disolución de la autoproclamada república separatista.
