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La Justicia británica ve la sentencia española del Prestige incompatible con su resolución arbitral

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido este viernes que la sentencia del Tribunal Supremo español que obligaba a la aseguradora del Prestige, London P&I Club, a desembolsar de 855 millones de euros por el vertido del crudo frente a las costas gallegas en 2002 es "incompatible" con sus resoluciones arbitrales.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En el dictamen, el juez estima el recurso de la aseguradora argumentando que la sentencia española es "incompatible" con el arbitraje británico y, en su caso, sería contraria a los principios de la legislación británica en relación a lo juzgado.

En 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la sentencia española prevalece sobre el arbitraje británico en el caso que enfrenta a España con la aseguradora de Prestige, y, por lo tanto, estaría obligada a pagar la compensación por los daños de la marea negra

Todo se remonta al 16 de enero de 2012, cuando London P&I Club inició un procedimiento en el que solicitaba que se declarara que España estaba obligada a presentar su recurso ante el Derecho Inglés, dado que las demanda era contractual y respondía a las normas inglesas de conflicto de leyes, por lo que debía aplicarse al contrato el Derecho inglés.

El caso parte del naufragio del petrolero Prestige, en noviembre de 2022, frente a las costas gallegas cuando transportaba 70 000 toneladas de fuelóleo, que se derramaron y causaron importantes daños en el litoral norte de España y en el litoral occidental de Francia.

En este marco, se inició una disputa judicial entre la aseguradora del buque, London P&I Club y España, planteada en dos procesos diferentes en dos Estados miembros. Dichos procesos dieron lugar a dos resoluciones judiciales: una dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña y la otra por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

España solicitó el reconocimiento de la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña por los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales, a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido accedió en mayo de 2019.

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