ISLAMABAD (AP) — Deportar por la fuerza a afganos de Pakistán podría dar lugar a graves violaciones de derechos humanos, como la separación de familias y la deportación de menores, advirtió el sábado la ONU.
Pakistán anunció recientemente una ofensiva contra los migrantes que viven ilegalmente en el país, entre ellos 1,7 millones de afganos, y les pidió que regresaran a sus países de origen antes del 31 de octubre para evitar detenciones y expulsiones masivas.
El gobierno niega tener como objetivo a los afganos y afirmó que se centra en las personas que se encuentran ilegalmente en el país, independientemente de su nacionalidad. Señaló que está creando una línea telefónica directa y ofreciendo recompensas a quienes informen a las autoridades sobre este tipo de migrantes.
Las agencias de la ONU señalaron que Afganistán atraviesa una grave crisis humanitaria, sobre todo para las mujeres y las niñas, a quienes los talibanes prohíben acceder a la educación más allá del sexto grado, a la mayoría de los espacios públicos y a muchos empleos.
“Tales planes tendrían serias implicaciones para todos aquellos que se han visto obligados a abandonar el país y pueden enfrentarse a graves riesgos de protección a su regreso”, señaló en referencia a la represión de Pakistán.
Reconocieron la “prerrogativa soberana” de Pakistán sobre las políticas nacionales y afirmaron que están dispuestos a ayudar a registrar y gestionar a los nacionales afganos, incluidos aquellos que puedan necesitar protección internacional.
La Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de la ONU para los refugiados pidieron a los países que “suspendan las devoluciones forzosas de ciudadanos afganos y garanticen que cualquier posible regreso al país se produce de forma segura, digna y voluntaria”.
Los propietarios de viviendas e inmuebles de la capital paquistaní, Islamabad, han recibido notificaciones en las que se les conmina a desalojar a los “afganos ilegales” y a sus familias antes de finales de mes o se enfrentarán a medidas judiciales.
La policía ha pedido a los clérigos de algunas mezquitas de la ciudad que informen a los fieles de su deber de delatar a los afganos en sus barrios.
Más de 2.000 personas han sido detenidas en todo el país desde que comenzó la represión a principios de esta semana.
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Abdul Sattar en Balochistan y Adil Jawad Khan en Karachi contribuyeron a este despacho.
