SAN SALVADOR (AP) — Más de 4.000 efectivos de la fuerza armada y de la policía de El Salvador se sumaron el miércoles a una operación para cercar a tres comunidades populosas en la periferia de la capital del país centroamericano en un esfuerzo por localizar y capturar a grupos remanentes de las pandillas, informó el gobierno.
En tanto, el Congreso salvadoreño — a petición del presidente Nayib Bukele — aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que suspende derechos constitucionales relacionados a la defensa y detención de las personas, así como a la privacidad de las telecomunicaciones, en una estricta política en el combate a las pandillas que se mantiene desde el 27 de marzo de 2022.
El régimen de excepción se prolongó por otros 30 días todo el territorio nacional desde el 14 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2023, con los votos de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral.
Bukele dijo en la red social X, antes Twitter, que desde la madrugada los soldados y policías cercaron las poblaciones de Popotlán y Valle Verde, en el municipio de Apopa; y La Campanera, en Soyapango. “No vamos a detenernos hasta capturar al último terrorista que quede. No permitiremos que pequeños remantes se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado”, indicó.
Popotlán y Valle Verde son dos comunidades populosas donde por años han operado las pandillas, aunque las autoridades afirman que su actividad ha disminuido debido a la política de mano dura implementada por el gobierno mediante un prolongado régimen de excepción. Muchos de los pandilleros, aseguran, fueron capturados y llevados a las cárceles y otros huyeron a las zonas rurales.
El reparto La Campanera es un complejo habitacional de más de 2.000 viviendas en las que habitan más de 10.000 personas y que ha sido reconocido como unos de los más conflictivos del país, controlado por décadas por la pandilla Barrio 18 y en la que vivían algunos de los cabecillas, entre ellos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como “El Viejo Lyn”, que guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad.
En diciembre de 2022, más de 10.000 efectivos de la fuerza armada y de la policía, apoyados por unidades elites, ingresaron a todas las comunidades de Soyapango, entre ellas La Campanera, y prácticamente limpiaron la zona de pandilleros, pero en las últimas horas la zona se conmocionó con el asesinato de una niña de 7 años, el cual está siendo investigado.
Miembros del gabinete de seguridad del gobierno de Bukele llegaron en la madrugada hasta el municipio Apopa para supervisar la operación.
El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monrroy, aseguró que la implementación de este nuevo cerco es en respuesta a denuncias realizadas por la población sobre la presencia de algunos pandilleros en la zona. Reiteró que buscan evitar que estos grupos se reorganicen en territorios donde ejercieron largo dominio en el pasado reciente.
Al iniciar las acciones en las colonias de Apopa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dirigió un mensaje a la tropa y aseguró los gobiernos anteriores no tenían la capacidad de hacer justicia. “Esa impunidad que conocían muy bien los gobiernos anteriores y que promovían que ellos llamaban Estado de derecho, no tenían la capacidad de hacer justicia, eso no somos nosotros y toda esta fuerza, firmeza y valentía es precisamente para rescatar los buenos, que somos más y someter a estos terroristas”, afirmó.
En el operativo en Apopa, los uniformados han tomado control de las calles de acceso a estas comunidades y se realiza registros de los vehículos de pasajeros y particulares. Las personas deben de identificarse para poder entrar y salir de la zona, mientras también se realizan registros en las comunidades para localizar y capturar a los pandilleros.
“Nuestros policías verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones Valle Verde y Popotlán de Apopa, para descartar que hayan sido usurpadas, práctica que era común entre los grupos criminales en estas colonias”, indicó más tarde la Policía en su cuenta de la red social X, antes Twitter, donde también publicó fotografías de los registros casa por casa.
Desde el 27 de marzo del año pasado rige un estado de excepción en el país como parte de una estrategia del gobierno de mano dura contra las pandillas, que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, tener asistencia de un abogado y conocer las razones de una detención.
Desde que entró en vigor el régimen de excepción, las autoridades han informado de la captura de más de 73.000 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado sistemáticas violaciones al debido proceso de los detenidos y en su más reciente informe la asociación humanitaria Cristosal reportó que había recibido 3.461 denuncias de vulneraciones de derechos humanos, y reportan 131 personas fallecidas bajo custodia de las autoridades.
Según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción tiene una duración de 30 días, pero se puede prorrogar por igual período y mediante un nuevo decreto “si continúan las circunstancias que la motivaron”.
