MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los hombres armados y grupos vecinales de la zona han señalado en un comunicado que como "acto de buena fe" y teniendo en cuenta que "el acceso al agua es un derecho humano", han decidido abandonar la zona, un acto que se enmarca en las protestas contra las acciones de la Fiscalía contra el Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo.
La decisión ha sido tomada después de que el Tribunal Constitucional ordenara su salida. La planta de El Tesoro cuenta con un acueducto que suministra agua a la planta de tratamiento de Lo de Coy.
El 13 de octubre, las partes mantuvieron una serie de conversaciones con los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, con la que acordó sostener un segundo encuentro en el que participaría la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (EMPAGUA).
Así, los manifestantes de Chimiltanengo han insistido en que su objetivo es la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, a los que acusan de corrupción.
Además, han recordado que a pesar de los diálogos mantenidos, los representantes de EMPAGUA decidieron no participar en las conversaciones. "El abandono del vital líquido no es por la toma de la planta sino por los mismos intereses de corrupción por los cuales estamos luchando", recoge el texto.
El documento señala que el pueblo de Chimaltenango también tiene previsto levantar este lunes "todos los bloqueos" a la espera de tomar nuevas medidas de cara a los próximos días.
Previamente, la propia EMPAGUA informó de la irrupción de personas armadas que "bloquearon el suministro de agua" y alertó del riesgo para la seguridad de los trabajadores, que fueron tomados como rehenes.
"Esta acción pone en riesgo el abastecimiento de agua en varias zonas de Ciudad de Guatemala, así como en instalaciones del Hospital Roosevelt y otros hospitales; áreas colindantes de Mixco con la Ciudad de Guatemala y sectores de Chinautla", advertía la empresa.
Así, calificó los actos de "delitos flagrantes" y dijo estar "obligada a presentar las denuncias pertinentes ante las autoridades" para volver a garantizar la seguridad e integridad física de los trabajadores y restablecer el servicio a los clientes.
