SANTIAGO (AP) — A exactas tres semanas de que sea despachado el nuevo proyecto de constitución en Chile para que sea votado por los ciudadanos a final de año, el Consejo Constitucional que lo redactó concluyó el martes la revisión de casi 200 observaciones y avanzó hacia la recta final del proceso. Sólo quedan pendientes de aprobación o rechazo una treintena de preceptos.
De las 199 observaciones al texto redactado por el Consejo Constitucional que propuso el Comité de Expertos, los 50 consejeros constitucionales concluyeron el martes el proceso de votación: 150 resultaron acogidas, otras 20 rechazadas y quedó una treintena de puntos sin un pronunciamiento definitivo.
Una parte de las observaciones se votó el lunes y la otra parte el martes.
Entre las normas que integrarán el texto que irá a plebiscito, los consejeros constitucionales aceptaron una de las observaciones del comité de expertos sobre equidad de género en el Legislativo. Se trata de una disposición transitoria que ordena al Congreso pasar una ley para que rija un mecanismo que logre una presencia del 60-40% entre hombres y mujeres como legisladores. Inicialmente, se aplicará por dos períodos electorales.
Pero para que el borrador de constitución sea finalmente sometido a la voluntad popular en diciembre faltan aún algunos pasos.
Las normas con observaciones que no consiguieron suficientes votos ni para ser aprobadas ni rechazadas por el Consejo Constitucional pasaron a una Comisión Mixta que propondrá una nueva redacción para ellas. Esa comisión resolverá por siete votos a favor o siete en contra y presentará su resolución al Consejo, que volverá a votar la resolución propuesta.
Algunos preceptos quedaron como inicialmente los redactaron los consejeros porque, aunque recibieron observaciones de los expertos, no lograron los votos para su aprobación o rechazo. Es el caso de la disposición que precisa que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.
El oficialismo prefería el texto de la constitución vigente que señala que “la ley protege la vida del que está por nacer”, por temor a que la nueva redacción obstaculice la ley vigente que permite el aborto en tres causales: por peligro de la vida de la madre, por inviabilidad del feto o en el caso de que el embarazo sea producto de una violación.
El nuevo proyecto de constitución es el segundo intento de los chilenos para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura militar hace 42 años. En 2020, el electorado decidió que quería un nuevo texto constitucional, pero el primer proyecto fue rechazado en las urnas el año pasado. Lo redactó una convención de mayoría izquierdista.
El nuevo intento de elaborar una constitución recayó por votación popular en un Consejo Constitucional integrado por 50 miembros —33 cupos de mayoría de derecha y ultraderecha frente a 17 del oficialismo izquierdista— y el texto resultante fue enviado a un Comité de Expertos para que planteara observaciones. Éste está integrado por 12 miembros oficialistas y 12 de oposición.
Las observaciones de los expertos necesitaban al menos 30 votos para ser aprobadas en el Consejo Constitucional o 33 para ser rechazadas. La disposición sobre la paridad obtuvo 47 sufragios a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.
La carta magna vigente, que ha sido sufrido decenas de modificaciones, no contiene ninguna norma relacionada con la paridad.
Una treintena de normas que no lograron los votos para ser aprobadas o rechazadas fueron traspasadas a una Comisión Mixta, que debe formular nuevas propuestas sobre ellas.
La Comisión Mixta estará integrada por seis expertos e igual número de consejeros. Se estima que entre los expertos habrá igual cantidad de opositores y de oficialistas. Sin embargo, el oficialismo será minoría entre los consejeros, porque son mayoritariamente opositores.
Otra disposición relacionada con la paridad propuesta por los consejeros dice que el Estado “promoverá” el acceso igualitario de hombres y mujeres a cargos de elección popular. Fue rechazada por el oficialismo, que propuso sustituir el “promoverá” por “asegurará”. Al no lograr los sufragios para ser aceptada o cuestionada, pasó a la Comisión Mixta.
También pasaron a la Comisión Mixta las relacionadas con las contribuciones de los inmuebles destinados a la vivienda principal, la expulsión de los migrantes irregulares y una disposición que establece la objeción de conciencia individual e institucional.
El Consejo debe entregar su propuesta constitucional el 7 de noviembre y, luego de que sea socializada, será aprobada o rechazada en un plebiscito el 17 de diciembre.
