BRUSELAS (AP) — El presunto atacante que mató a dos aficionados suecos al fútbol en Bruselas esta semana para después ser abatido por la policía residía ilegalmente en Bélgica y debería haber abandonado el país hace tres años, pero nunca lo hizo.
En un país que se ha visto repetidamente sacudido por atentados extremistas, la incapacidad del gobierno para deportar al tunecino de 45 años e impedir que perpetrara el ataque está suscitando un encendido debate político.
Muchas preguntas quedaron sin respuesta cuando el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, viajó el miércoles a Bruselas para asistir a una ceremonia de homenaje a las víctimas y reunirse con su homólogo belga, Alexander De Croo.
¿Cómo pudo permanecer en suelo belga un hombre fichado por la policía, del que se pensaba que estaba radicalizado y al que se buscaba para su deportación? ¿Cómo consiguió un fusil semiautomático y lanzó semejante atentado?
Los investigadores siguen tratando de determinar el móvil del atentado del lunes por la noche, que se produjo no muy lejos de donde la selección masculina de fútbol de Bélgica recibía a Suecia en un partido de clasificación para la Eurocopa. Fue el último de una larga lista de ataques extremistas que han golpeado a Bélgica, incluidos los atentados suicidas de 2016 que mataron a 32 personas e hirieron a cientos más en el metro y el aeropuerto de Bruselas.
Las autoridades creen que el sospechoso actuó solo.
Suecia elevó su alerta terrorista al segundo nivel más alto en agosto, después de que una serie de quemas públicas del Corán por un refugiado iraquí residente en Suecia provocaran amenazas de grupos militantes islámicos.
A la pregunta de si este podría ser un posible motivo en el ataque de esta semana, la fiscalía federal belga dijo que era demasiado pronto para saberlo.
En respuesta a las críticas de sus rivales políticos, que se apresuraron a denunciar las deficiencias de la política de expulsiones belga, De Croo insistió en la necesidad de mejorar el cumplimiento de las órdenes de abandonar el territorio belga.
“Una orden de abandonar el territorio debe ser más vinculante de lo que es ahora”, dijo. “Las personas que no tienen derecho a protección deben abandonar el territorio”.
“Cuando mueren dos personas, lo único que se puede decir es que las cosas han ido mal”, añadió De Croo.
También pidió una mejor protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y políticas de retorno coordinadas en los 27 países del bloque.
Kristersson dijo que no culpaba a las autoridades belgas por no haber devuelto al sospechoso a su país de origen porque “tenemos exactamente el mismo problema en Suecia, con muchísimas personas a las que se les deniega el asilo, pero se niegan a marcharse".
Según el ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, al sospechoso se le denegó el asilo en 2020. Se cree que estaba implicado en trata de seres humanos, que vivía ilegalmente en Bélgica y que suponía un riesgo para la seguridad del Estado.
Nicole de Moor, secretaria de Estado de Asilo y Migración, dijo que las autoridades belgas habían perdido la pista del sospechoso después de que se denegara su solicitud de asilo porque no quería ser alojado en un centro de acogida. Las autoridades no pudieron localizarlo para organizar su deportación.
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Raf Casert en Bruselas contribuyó a este despacho.
