CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Transcurridas las seis horas que dio el miércoles la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para desalojar la protesta de cientos de indígenas frente a la sede del Ministerio Público, los manifestantes se mantuvieron en la concentración que ya dura más de dos semanas y solo despejaron los puntos de acceso al edificio.
Representantes comunitarios se reunieron con interlocutores del Ministerio de Gobernación, encargado de las decisiones sobre el uso de la fuerza pública y responsable de mantener el orden en el país, en una mesa de diálogo con la intermediación de la Procuraduría de Derechos Humanos.
De esa reunión, las partes acordaron que solo se despejarían los accesos al edificio de la fiscalía en la capital guatemalteca, tras interpretar que la orden de la Corte de Constitucionalidad de desalojar la protesta perseguía como fin que el acceso a la justicia no se vea interrumpido por las movilizaciones que desde 17 días reclaman la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
“No es un desalojo, no se esta solicitando un desalojo; se esta solicitando la liberación de accesos a entes de justicia”, matizó el tercer viceministro de Gobernación, Héctor Alarcón, con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder “sin sentirse intimidados”.
Agentes de la Policía Nacional y el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, recorrieron el miércoles a última hora de la tarde, minutos antes de que venciera el plazo de seis horas, esos puntos de acceso para comprobar que quedaran despejados. El funcionario reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de los acuerdos pactados.
El presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, también acompañó a los funcionarios durante el recorrido.
“Buscamos privilegiar el diálogo y llevar a cumplimiento lo que se nos ha ordenado; buscamos evitar el enfrentamiento y al mismo tiempo respetar el derecho a manifestar”, se pronunció durante la reunión.
El viceministro Alarcón puntualizó que movilizará un contingente de la Policía Nacional Civil para mantener libre la entrada y salida de trabajadores y usuarios del Ministerio Público.
Por la mañana, la Corte de Constitucionalidad ordenó el desalojo de los bloqueos en las afueras del Ministerio Público, en los que se protesta por la arremetida judicial contra el proceso electoral.
La corte dispuso, en un comunicado, “ejecutar las acciones y medidas pertinentes para restituir el orden público y habilitar el acceso pleno" a sus sedes bajo el argumento de que las protestas impiden prestar los servicios de acceso a la justicia.
También ordenó al director de la Policía Nacional la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes y advirtió al nuevo ministro de Gobernación, Byron René Bor, que, de no obedecer la orden de desalojo, podrá ser destituido de su cargo.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad llegó un día después de que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei nombrara un nuevo ministro para esa cartera, tras la renuncia del anterior que abrió cuestionamientos sobre la actuación de la fuerza pública en las manifestaciones y un debate sobre divisiones en el ejecutivo.
El lunes una persona murió por arma de fuego y dos resultados heridos, cerca de uno de los bloqueos de carretera.
La fiscal general, Consuelo Porras, objetivo de las protestas, había pedido a la Corte de Constitucionalidad que destituyera al entonces titular de Gobernación, Napoleón Barrientos, por no acatar una orden previa de la misma corte para desmantelar las protestas. Porras defendía incluso el uso de la fuerza pública.
La corte también solicitó al Ministerio de Defensa que preste auxilio en caso de que sea solicitado.
En paralelo, un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad del 10 de octubre garantizaba, a petición de las autoridades indígenas, su derecho a ejercer el derecho de reunión pacífica y manifestación.
La Corte Suprema de Justicia amplió el miércoles en una resolución el amparo otorgado a las autoridades indígenas al considerar que las manifestaciones son “legitima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución".
El martes el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, comunicó su disposición, junto a otros representantes comunitarios, de abrir un diálogo con la fiscal Porras con el acompañamiento de representantes de la Delegación de la Organización de Estados Americanos, como el ya planteado sin llegar a acuerdos con el presidente Giammattei.
Sin embargo, esta opción fue rechazada por el Ministerio Público, en una carta firmada por Erick Schaeffer, primer subsecretario general de la fiscalía, bajo el argumento de que se debe garantizar el libre ingreso y egreso a todas las sedes de la fiscalía.
Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa, invitó a las autoridades del gobierno a mantener el diálogo pacífico por encima de la violencia y recalcó la falta de voluntad del actual presidente y de la fiscal general, Consuelo Porras, para buscar soluciones al conflicto.
