CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la ONG que representa a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2014, celebró el miércoles que la Comisión gubernamental de la Verdad haya reconocido que el Ejército no ha divulgado datos de lo que ocurrió.
La Comisión, liderada por el subsecretario Alejandro Encinas, hizo público el martes por la noche un documento que “confirma, entre otras cosas, que los padres y las madres tienen razón en señalar que el Ejército aún tiene información relevante que no ha entregado”, indicó el Centro Prodh en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
En concreto, la Comisión hizo públicos documentos de inteligencia militar que hacen referencia a datos que, presumiblemente, también están “en los archivos de Sedena” (la Secretaría de la Defensa Nacional) y que permitirían “a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios objetivos que la Sedena tenía identificados” en los hechos.
Los expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron durante años el crimen fueron los primeros en informar de la existencia de tales documentos de inteligencia y de que solo pudieron conocer una parte. Por la numeración, sabían de la existencia de muchos más.
Ahora, la Comisión les da la razón en ese punto y también constató, como los expertos, que los militares “contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”.
Sin embargo tales documentos no se desconocen y el Ejército argumentó que no existen.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a los que no se volvió a ver más, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
El actual gobierno calificó el ataque de “crimen de Estado” porque la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que las Fuerzas Armadas han colaborado plenamente con la investigación pero los expertos internacionales denunciaron que no fue así y que los militares ocultan información y han dado datos falsos. Por eso, en julio dejaron el país.
López Obrador, que durante su gobierno ha multiplicado el poder y las labores de los militares, ha reiterado que el hecho de que más de una docena de militares estén detenidos y procesados es una muestra de que no habrá impunidad.
En otro caso que implica a militares, el Centro Prodh también elogió la condena a 90 años de cárcel a cinco uniformados por el asesinato de estudiantes hace 13 años. “Saludamos el paso hacia la justicia.. que muestra los riesgos de la militarización”, señaló el Centro Prodh el miércoles. “No estamos condenadxs a la impunidad en México”.
Familiares de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes asesinados por militares hace 13 años en el recinto de una universidad de Monterrey, dieron a conocer que un juez finalmente dictó sentencia sobre el caso y condenó a cinco miembros del ejército a 90 años de cárcel, indicó el Colectivo Todos somos Jorge y Javier.
En los primeros meses de la actual administración, el gobierno pidió disculpas públicas por esas ejecuciones extrajudiciales, en las que los militares incluso colocaron armas a los estudiantes para justificar sus acciones y presentarlos como criminales.
