CARACAS (AP) — Las autoridades venezolanas liberaron a seis opositores presos, entre ellos el exdiputado Juan Requesens condenado a ocho años de prisión por conspiración para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las liberaciones se produjeron la noche del miércoles después de que el gobierno venezolano y una parte de la oposición acordaron trabajar juntos para alcanzar una serie de condiciones básicas para las próximas elecciones presidenciales de 2024.
El acuerdo entre las partes, suscrito en la isla caribeña de Barbados, se materializó días antes de que la oposición lleve a cabo unas primarias para elegir a un candidato único para los comicios generales.
Gerardo Blyde, representante de la llamada Plataforma Unitaria Democrática, un bloque opositor que desde 2021 intentó dialogar en México con representantes del gobierno venezolano, anunció que fueron excarcelados Requesens y el periodista Roland Carreño, miembro del partido opositor Voluntad Popular, detenido después de la fuga del dirigente y fundador de esa organización Leopoldo López.
En 2020, López se fugó de la residencia del embajador de España en Caracas, donde estuvo refugiado por casi un año y medio, y huyó a Madrid donde reside desde entonces.
Tarde en la noche del miércoles en su cuenta en la red social X, antes llamada Twitter, Blyde publicó una fotografía junto a Carreño señalando que se encontraba “en libertad”. Seguidamente anunció que también fueron liberados Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, sin dar más detalles.
El jueves, el abogado y activista Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización humanitaria local Foro Penal, confirmó que también fue aprobada la liberación de Wilder Vásquez, un estudiante detenido en 2018 por supuestos vínculos con un grupo de personas acusadas de utilizar drones cargados de explosivos en un intento fallido por asesinar a Maduro. El plan fracasó cuando miembros de la seguridad presidencial, usando equipos electrónicos de bloqueo, lograron desorientar a los drones.
Vásquez, que fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de encubrimiento de terrorismo, ya tenía a su favor una orden de excarcelación que no fue oportunamente ejecutada, aclaró el activista,.
“Aún se desconoce si las libertades son plenas o si están sujetas a condiciones”, indicó Himiob en su cuenta en X.
Horas después, Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, rechazó el pronunciamiento del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien la víspera declaró que Estados Unidos "tomará medidas si no se cumplen los compromisos contraídos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos”.
Los comentarios de Blinken “evidentemente expresan una inmensa ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la Constitución” de Venezuela, dijo Rodríguez a la prensa en la sede de la Asamblea Nacional.
Las autoridades venezolanas han dicho repetidamente que las inhabilitaciones de candidatos son potestad de organismos independientes del Ejecutivo. Sus críticos, empero, señalan que el Tribunal Supremo de Justicia, la fiscalía general, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la autoridad electoral, entre otras instancias y organismos, son controlados por el gobierno.
“A estas alturas ya deberían saber que Venezuela no acepta presiones, ni chantajes, ni sobornos, ni injerencia de poder o país alguno”, aseveró el legislador.
De acuerdo con cifras del Foro Penal publicadas la semana pasada en Venezuela hay 273 presos políticos, 127 civiles y 146 militares.
La oposición y grupos defensores de los derechos humanos han reclamado repetidamente su liberación.
El gobierno de Maduro ya ha excarcelado en el pasado a otros presos políticos, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que se trata de una puerta giratoria, ya que mientras algunas personas son liberadas otras son detenidas.
Maduro ha exigido que Estados Unidos retire las sanciones en contra de su administración para avanzar en los diálogos con la oposición. Además ha pedido que se descongelen los fondos venezolanos retenidos en el extranjero. En la víspera, Washington respondió a los acuerdos con la suspensión temporal de algunas sanciones a los sectores del petróleo, gas y oro.
La Plataforma Unitaria, por su parte, ha pedido que se cumpla el memorando de entendimiento firmado en agosto de 2021 en México, que contempla la celebración de elecciones libres, que no haya presos ni perseguidos políticos, que cesen las violaciones a los derechos humanos y que se generen condiciones para recuperar la economía.
La Plataforma también exige al gobierno levantar las inhabilitaciones, entre ellas, la de la exlegisladora María Corina Machado, quien es la favorita para ganar las primarias del próximo domingo.
Requesens fue detenido en un apartamento del este de Caracas el 7 de agosto de 2018 tres días después del incidente con drones en el centro de la capital venezolana, en el cual el mandatario resultó ileso. Fue imputado por la fiscalía general de los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento del terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. A fines de agosto de 2020 recibió el beneficio de arresto domiciliario y desde entonces se encuentra en su residencia bajo custodia policial.
Además de Requesens y Vásquez, otras 15 personas fueron condenadas el año pasado a penas de entre cinco y 30 años prisión.
El juicio contra Carreño –imputado por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento del terrorismo—nunca llegó a término. El proceso ha sufrido una serie de aplazamientos desde su detención en octubre de 2020.
