PANAMÁ (AP) — El presidente Laurentino Cortizo sancionó el viernes un contrato de concesión a una minera canadiense para explotar cobre en una zona boscosa del norte de Panamá, con vigencia de 20 años y opción a prórroga por igual periodo, en medio de protestas en rechazo a esa empresa.
Cortizo dio el aval inmediatamente después de que la Asamblea Nacional la aprobará en un tercer y último debate y la enviara al poder ejecutivo para su rúbrica. El mismo día el contrato fue publicado en la Gaceta Oficial, lo que lo convierte en ley.
La operación de Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum, es la mayor explotación de cobre en el país y una de las inversiones privadas más grandes en Centroamérica.
El acuerdo ha enfrentado fuerte rechazo entre la población por el riesgo que podría suponer para el medio ambiente. Los críticos sostienen que el Estado hizo demasiadas concesiones a la minera, y advierten del impacto ambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de importancia hídrica. Ambientalistas, sindicalistas y la sociedad civil piden incluso una moratoria al tema minero y que se convoque a un referéndum para someter a votación la política en ese sector.
El contrato representa al menos 375 millones de dólares en ingresos para el Estado —en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos—, lo que supone, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces respecto a lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior, de 1997.
Desde temprano, personas opuestas a la negociación cerraron calles en diferentes puntos de la capital y su periferia, lo que ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular. Luego de que el poder legislativo la aprobó después del mediodía, las protestas se intensificaron.
Grupos de trabajadores bloquearon calles y otros marcharon hacia la sede de la Asamblea, donde se enfrentaron con la policía, que les lanzó gases lacrimógenos.
Por su parte, lideres de maestros que también participaron en las manifestaciones convocaron a una asamblea general el lunes para decidir las acciones a tomar en rechazo de la aprobación del contrato.
Saúl Méndez, líder del poderoso Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACAS), expresó: “no es un contrato minero, es un contrato que vende a la patria... Los traidores tendrán que responderle a este país; el pueblo no termina su batalla aquí”.
Tras la aprobación, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, reiteró su respaldo a la negociación y dijo que el contrato no responde a un debate sobre el futuro de Panamá como un país minero, sino a la particularidad de una empresa que ya ha efectuado una inversión, la más grande en el país. “Sobre todo que de esa inversión dependen más de 40.000 empleos de familias panameñas”, anotó.
Tras más de un año de conflictivas negociaciones, el gobierno panameño y la minera alcanzaron un acuerdo en marzo para permitir a la mina seguir operando 20 años más, prorrogables a otros 20.
Por su parte, la filial de la minera canadiense alega que aportó el 4,8% del producto interno bruto de Panamá, y que sus exportaciones de cobre representaron el 80% del total de las efectuadas por el país en 2021.
