CARACAS (AP) — El organismo electoral de Venezuela presentó el lunes las cinco preguntas que formularán a los votantes en un referendo promovido por la Asamblea Nacional, controlada por los partidarios del presidente Nicolás Maduro, para hacer partícipes a los ciudadanos en el reclamo que mantiene el país con Guyana por un territorio en disputa.
Elvis Amoroso, presidente de la Consejo Nacional Electoral (CNE), en una declaración afirmó que ese organismo aprobó por unanimidad cinco preguntas para un referendo consultivo que se realizará el 3 de diciembre.
Una de ellas, plantea la creación de un estado en ese territorio: "¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención de la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el Derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?”
No quedó claro como las autoridades venezolanas pretende concretar esa idea de ejercer jurisdicción sobre ese territorio —que Guyana también reclama como propio—, una vez lo declare como parte de Venezuela, actualmente conformada por 23 estados y un distrito capital.
Amoroso destacó que las preguntas, contenidas en la resolución aprobada, serán remitidas al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie respecto a la constitucionalidad de la iniciativa.
Otras de las preguntas busca el apoyo de los venezolanos a la intención del gobierno de Maduro de “oponerse por todos los medios” a la supuesta pretensión de Guyana de “disponer de manera unilateralmente de un mar (territorial) pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional".
Venezuela y Guyana se disputan el denominado Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897, puesto que esa región estaba bajo su jurisdicción durante la colonia española. Maduro ha declarado que son ilegales las concesiones petroleras realizadas por Georgetown en áreas marítimas frente al Esequibo.
Desde 2015 ambos países han enfrentado fricciones repetidamente a consecuencia de las exploraciones petroleras que realiza una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil en parte del área en disputa.
El gobierno venezolano sostiene que Guyana no tiene jurisdicción para otorgar concesiones petroleras en áreas marítimas que están aún sin delimitar. E insiste en la postura histórica de Venezuela de resolver el litigio mediante negociaciones en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra alcanzado con Gran Bretaña en 1966.
Maduro ha exhortado repetidamente al secretario general de la ONU, António Guterres, a que renueve sus buenos oficios para reactivar el diálogo bilateral.
Durante su intervención en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Guyanés, Irfaan Ali, expresó que Venezuela debe cumplir con su obligación bajo la carta de la ONU de respetar el Estado de derecho.
En 2016, el ahora ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon reforzó el proceso de buenos oficios, que se remontaba a 1990, y advirtió entonces que si para finales de 2017 no se daba un avance importante en el caso del Esequibo, debería llevarse ante la Corte Internacional de Justicia. Ese día finalmente llegó.
Sin embargo, Venezuela mantiene su posición de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como medio de resolución de la disputa territorial.
El gobierno venezolano dice que desde 1840 Gran Bretaña “forjó mapas y montó una estratagema para perpetrar el fraudulento arbitraje” de un tribunal internacional en 1899 que trazó la frontera entre los dos países, favoreciendo principalmente a la antigua potencia colonial británica.
En 1966, apenas meses antes de la independencia de Guyana, Londres suscribió el Acuerdo de Ginebra y reconoció el reclamo de Venezuela, abriendo la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.
En abril, el máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió una sentencia contra Venezuela y se declaró competente para seguir con el caso.
