La madrugada de este martes fueron liberados ocho agentes de la Policía Estatal Preventiva, retenidos el 12 de octubre por pobladores de Frontera Corozal en Ocosingo, que así demandaban operativos de las fuerzas federales y estatales de seguridad para combatir a los grupos criminales que operan en la selva Lacandona de Chiapas.
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Derivado del acuerdo de asamblea, realizada la tarde del lunes, las autoridades comunitarias de Frontera Corozal devolvieron a funcionarios de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas: 8 armas largas, 3 tres cortas, 12 cargadores de armas largas y 3 de cortas, así como también 2 vehículos oficiales.
A la entrega de los uniformados acudió a esa zona una comisión institucional, encabezada por el delegado de gobierno en esa región, Amílcar Selvas Delgado; el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Julio Calvo Leal, y el director Estatal de la Policía Preventiva, Marco Antonio Burguete Ramos.
Los funcionarios del gobierno estatal comprobaron que los 8 policías se encontraban en buenas condiciones de salud, y con base en lo acordado, 3 de los 8 policías fueron entregados a las autoridades ministeriales por presunta participación en hechos delictivos.
Los agentes de seguridad pública fueron movilizados cerca de las once de la noche al vecino poblado Nueva Palestina, donde fueron recibidos por los funcionarios del gobierno estatal.
Estaban “resguardados”: representantes de Frontera Corozal
Los representantes de Frontera Corozal dijeron que en esa población prevalece una atmósfera de inseguridad debido a la presencia del crimen organizado, en cambio afirmaron que los 8 policías de Seguridad Pública estaban “resguardados” y no retenidos.
Incluso, aseguraron que fueron los agentes que pidieron el resguardo en Frontera Corozal por temor a ser “molestados” en su integridad física.
Este hecho, sin embargo, se interpretó mal y se acusaba a la comunidad de tenerlos retenidos, “lo que en estos momentos se aclara y se evidencia que ellos pidieron voluntariamente su protección”, enfatizaron los comunitarios.
Como parte de los acuerdos, las autoridades estatales se comprometieron a retirar las denuncias que por los hechos se pudieran haber originado.
En atención a los requerimientos, se estableció que se mantendrán los patrullajes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
