PANAMÁ (AP) — Por segundo día se realizaron masivas protestas en diversos puntos de Panamá exigiendo la eliminación de un contrato entre el Estado y una empresa de capital canadiense para seguir extrayendo cobre en una amplia zona boscosa, mientras el presidente Laurentino Cortizo volvió a defenderlo y destacó sus aportes a la economía y la generación de empleos.
Las marchas, concentraciones y cierres en puntos de la ciudad de Panamá y en provincias se extendieron nuevamente hasta el anochecer, con una gran concentración en la calle 50, una de las más conocidas en el sector bancario de la capital del país y otrora sitio de lucha contra el pasado régimen militar a fines de los años 80.
Las protestas se recrudecieron luego de que el presidente Cortizo sancionara y promulgara el viernes con rapidez la ley del contrato con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, que había sido aprobado antes por el Legislativo a pesar del rechazo popular.
Se trata de un nuevo contrato que otorga a la empresa minera el derecho de extraer, procesar y exportar cobre y minerales afines por un periodo de 20 años prorrogable por 20 más en cuatro zonas de 12.955 hectáreas al norte del país, una actividad que ya venía desarrollándose desde que se dieron en concesión esos yacimientos a fines de la década de 1990. Se estima que esta es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, con más de 6.000 millones de dólares, y la mayor mina de su tipo en Centroamérica.
Los críticos lo rechazan porque consideran que otorga demasiadas concesiones a la minera y que tendría un fuerte impacto medioambiental y pondría en riesgo el recurso hídrico, vital para el consumo humano.
También hablan de que podría verse incluso afectada la futura operación del canal interoceánico, ya golpeado por el cambio climático y la sequía.
Los manifestantes insisten en que el gobierno está entregando un rico recurso de Panamá a la minera. Portan y levantanr banderas del país en las concentraciones donde se escuchan gritos de “traidor” contra el gobierno. Una manifestante mostró el lunes una pancarta en que se leía “Sí a la vida, no a la mina”.
Cortizo, cuyo quinquenio termina en menos de un año, dirigió por la tarde un mensaje televisado al país en el que subrayó que con el nuevo contrato ley se logra “salvaguardar” 9.387 empleos directos y el pago de una planilla anual por 357 millones de dólares que implican aportes a la seguridad social. El gobierno también mencionó que el contrato garantiza al Estado un ingreso mínimo anual por la concesión no menor a 375 millones de dólares por parte de la empresa, la cual reportó exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022 y resaltó que aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto panameño en 2021.
Cortizo no echó para atrás el contrato como exigen los manifestantes, una medida que según algunos juristas podría derivar en demandas arbitrales cuantiosas contra el Estado si decide derogarlo unilateralmente.
Abogados ya presentaron demandas de inconstitucionalidad contra esa ley ante la Corte Suprema.
El mandatario pidió cordura y advirtió que aplicará la ley a los que cometan actos vandálicos. La policía dijo más temprano que detuvo a 48 personas a los que relacionó con ataques contra vehículos particulares y oficiales, posesión de bombas caseras, robo y actos de vandalismo.
Reportó al menos cinco policías heridos por diversas causas en las protestas, mientras que dirigentes de las manifestaciones informan de al menos dos civiles heridos.
El gobierno de Cortizo negoció un nuevo contrato debido a que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la ley de concesión de 1997. En diciembre de 2022, el gobierno ordenó la paralización de la actividad después de acusar a la minera de no cumplir compromisos adquiridos a inicios de ese año.
