BOGOTÁ (AP) — Jorge Saúl Cruz fue asesinado en agosto por un hombre armado cuando aspiraba a ser concejal de Carmen de Chucurí, un pequeño municipio al noreste de Colombia. El sospechoso fue arrestado por las autoridades.
Carmen de Chucurí, ubicado en el departamento de Santander, forma parte de los municipios considerados en “nivel de riesgo extremo” por violencia o fraude cuando el país se prepara para ir el domingo a las urnas y elegir concejales, alcaldes y gobernadores por un periodo de cuatro años.
La Misión de Observación Electoral, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que vigila los comicios, advirtió en su último informe publicado a una semana de las elecciones que 104 municipios —de un total de 1.101— presentan un nivel de “riesgo extremo”, por lo que recomienda que sean priorizados. La estatal Defensoría del Pueblo coincide en que hay un máximo riesgo para un centenar de municipios y añade que otros 286 presentan “riesgo alto”.
Un informe publicado el jueves por la Fundación Paz & Reconciliación, dedicada a promover la democracia y analizar el conflicto interno colombiano, documentó 325 víctimas de violencia electoral, de las cuales 37 fueron asesinadas, 51 sufrieron un atentado y 236 fueron amenazadas entre octubre de 2022 y el 25 de octubre de 2023.
Entre las víctimas de amenazas y atentados hay alcaldes en ejercicio como José Manga, de Sitionuevo, Magdalena, quien recibió un panfleto presuntamente atribuido al cártel Clan del Golfo; así como candidatos como Yody Jurado, quien aspira a ser la alcaldesa de La Sierra, Cauca, y fue víctima de una amenaza y un atentado.
Colombia celebrará el domingo las segundas elecciones locales desde que el Estado firmó en 2016 un histórico acuerdo de paz con la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También han transcurrido dos elecciones presidenciales y legislativas.
“Las elecciones regionales inmediatamente después del acuerdo realmente fueron las más pacíficas en la historia moderna de Colombia”, dijo Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, a The Associated Press.
Sin embargo, advirtió Dickinson, en los últimos dos periodos electorales se han incrementado los niveles de violencia en las zonas donde históricamente se ha concentrado.
En el país hay expectativa por que amaine la violencia electoral debido a que dos de los grupos armados más grandes del país firmaron un cese del fuego bilateal con el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de instalar diálogos de paz.
La suspensión de hostilidades con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició el 3 de agosto y se prevé que se prolongue hasta el 29 de enero de 2024; mientras que el cese con el Estado Mayor Central —una disidencia de las FARC — inició el 16 de octubre y tendrá vigencia hasta el 15 de enero.
Dickinson indicó que aunque se espera que los armados cumplan su palabra y permitan el libre desarrollo de las elecciones, existe la la posibilidad de que aunque no haya acciones abiertamente violentas sí ejerzan presión social sobre las comunidades e impongan reglas invisibles.
“Significa que a pesar de la aparente paz durante la votación, no sea un voto libre. Muchas comunidades saben que puede haber represalias por votar o no por un candidato”, agregó Dickinson.
A la violencia electoral latente se suma el riesgo de que se registren alteraciones del orden público como disturbios, protestas y asonadas, que no estarían vinculadas directamente con los grupos armados ilegales, advirtió el jueves la Defensoría del Pueblo.
La entidad estatal evidenció que en la campaña electoral actual hay “alta polarización política, pugnacidad entre las campañas y los candidatos” que podrían derivar en la reacción de la ciudadanía por un eventual descontento con los resultados electorales.
“Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia”, alertó la Defensoría en un comunicado en el que instó al gobierno y a la fuerza pública a adoptar medidas de prevención.
El gobierno desplegará más de 120.000 efectivos a nivel nacional para prestar seguridad en los comicios regionales en los que 38,9 millones de ciudadanos están habilitados para votar.
