LA PAZ, Bolivia (AP) — La Fiscalía de Bolivia rechazó el martes la decisión de un juzgado que declinó procesar por la vía penal a la encarcelada expresidenta interina Jeanine Áñez y se pronunció a favor de someterla a un juicio de responsabilidades.
“Es una resolución que se puede apelar y vamos a apelar”, dijo el fiscal de La Paz, William Alave, tras calificar de “maliciosa” y “aberrante” la decisión del juzgado.
Un juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa, una mayoría con la que no cuenta el oficialismo.
El fallo se conoce una semana después de que la Fiscalía presentó una acusación por genocidio contra Áñez para que la exmandataria sea juzgada en la vía ordinaria por una violenta represión a manifestantes durante la crisis política de 2019.
Áñez está encarcelada preventivamente desde marzo de 2021.
Alain de Canedo, abogado de la expresidenta, celebró la decisión e interpretó que marca un “precedente jurídico” que aplicaría para los al menos otros ocho procesos en contra de su defendida, entre ellos un juicio por el que ya ha sido condenada a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la constitución.
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, la exmandataria ha pedido ser juzgada en un juicio de responsabilidades por las denominadas masacres de Senkata y Sacaba que tuvieron lugar entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 en La Paz y Cochabamba cuando partidarios del expresidente Evo Morales fueron reprimidos por militares y policías con el saldo de 20 fallecidos.
En tanto, Morales sostuvo en la misma red social que se trata de una decisión “política y corrupta que garantiza impunidad para los autores del genocidio y graves violaciones de derechos humanos” del gobierno de Áñez, al cual considera “de facto”.
David Inca, representante de las familias de las víctimas, también rechazó la decisión.
En 2019 estallaron violentas protestas en las calles después de que la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció un fraude en las elecciones en las que Morales (2006-2019) buscaba un cuarto mandato. Las protestas forzaron su renuncia.
Una misión de expertos de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) concluyó en 2021 que hubo un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas y responsabilizó por los hechos tanto a Morales como a Áñez, pero el exmandatario no fue investigado.
