TEGUCIGALPA (AP) — Una comisión especial del Congreso Nacional de Honduras, afín al oficialismo, nombró y juramentó el miércoles al fiscal general y al fiscal general adjunto, de forma interina, lo que a criterio de diputados de la oposición y juristas es un acto ilegal.
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público era un tema que el Congreso venía discutiendo desde septiembre pasado, cuando una junta proponente depuró una lista de más de 100 candidatos y envió cinco nombres para que se eligiera el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.
De esa lista de cinco candidatos se debía elegir a los dos funcionarios, pero la oposición y el oficialismo no lograron ponerse de acuerdo, lo que generó una paralización de sesiones en el Legislativo.
El analista y abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado, explicó a The Associated Press que la designación de ambos funcionarios del Ministerio Público es ilegal porque esa comisión permanente, integrada por nueve diputados, solo puede hacer nombramientos en caso de ausencia del funcionario, lo cual no ocurre.
El Ministerio Público está a cargo de Daniel Sibrián, quien hasta hace unos días era el fiscal general adjunto, pero tras la salida del país hacia Nicaragua del fiscal general Óscar Chinchilla, asumió esa responsabilidad.
El martes a las 12:00 de la medianoche terminaba el período de sesiones ordinarias de 2023 en el Congreso Nacional, sin lograr la elección de las autoridades del Ministerio Público.
La oposición exigía a la junta directiva del Congreso, presidida por Luis Redondo, que se convocara a una reunión para ampliar el período de sesiones del 1 de noviembre al 4 de enero y continuar con el diálogo.
Sin embargo, los portones del Congreso permanecieron cerrados y minutos después llegaron seguidores del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), y atacaron a pedradas y botellazos a los diputados oficialistas, dejando como resultado varios heridos.
Mientras tanto, dentro del Legislativo la junta directiva de Redondo nombraba la comisión permanente que el miércoles nombró y juramentó de forma interina a Johel Antonio Zelaya Álvarez, como fiscal general y a Mario Morazán Aguilera, como fiscal general adjunto.
El fiscal general Chinchilla viajó a Nicaragua para integrarse como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia.
“Lo de interino póngalo entre comillas: son interinos que se quedarán cinco años, si no hay un acuerdo posterior. La comisión permanente sólo puede hacer nombramientos en caso de falta absoluta del funcionario y el funcionario ahí está”, sostuvo el constitucionalista Pineda Alvarado.
De su lado, la diputada opositora, Maribel Espinoza, escribió en su cuenta de X, antes Twitter: “Quieren un Fiscal conveniente que actúe al margen de la ley. Necesitan un fiscal sordo, mudo y ciego para cuando ellos den el zarpado final instalando por la fuerza su forma de gobierno autocrático sin consultarle al PUEBLO”.
El jefe de bancada de diputados oficialistas, Rafael Sarmiento, en conferencia de prensa dijo que el nombramiento de Zelaya Álvarez y Morazán Aguilera “es un procedimiento legislativo totalmente respaldado por la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso”.
Líderes de la oposición han manifestado en repetidas ocasiones que la intención del gobierno es montar en el país una dictadura y destruir a la oposición mediante la persecución a través de la Fiscalía.
El dirigente del Partido Nacional Kilvett Bertrand calificó lo ocurrido en el Congreso como un abuso de autoridad. “Es una acción completamente ilegal, no es posible que nueve diputados de un mismo partido hayan elegido al fiscal general y adjunto; es un zarpazo a la democracia”.
“Hay que ver los gobiernos que ellos (gobierno) admiran: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Regímenes controladores que persiguen a la oposición política. ¿Dónde están los opositores de Nicolás Maduro? ¿Dónde están los opositores de Daniel Ortega?", preguntó.
“Tienen una ideología en la que prima destruir a todos aquellos que levanten cabeza pensando diferente; eso es lo que pretende la familia Zelaya (Manuel) – Castro (Xiomara). Pero se equivoca y como en el 2009 no se lo permitimos, tampoco se lo vamos a permitir en 2023”, recalcó Bertrand, en referencia al golpe de Estado en 2009 al expresidente Manuel Zelaya.
