CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014, tiene desde el jueves un poco más cerca la posibilidad de seguir sus procesos penales en su casa.
Un juez federal le concedió la madrugada del jueves el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria con la orden de llevar brazalete y restricción de acercarse a un aeropuerto en uno de los procesos que tiene abiertos, indicó a The Associated Press Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y abogado de las familias de los estudiantes.
Según dijo, el juez argumentó su decisión debido a la edad de Murillo Karam, 75 años, y porque estimó que eran "sólidas las pruebas que presentó la defensa sobre los síntomas de inicio de demencia senil que argumentan está enfrentando”.
Por lo pronto, el exfuncionario seguirá en el hospital del centro penitenciario donde se encuentra actualmente porque subsiste la prisión preventiva en otra causa abierta contra él, agregó el abogado.
Sin embargo, consideró que era “inminente” que también se pida el cambio en esa otra causa, también vinculada al caso Ayotzinapa, y “es altamente probable que se conceda con este antecedente y que se vaya a su casa”.
Jesús Murillo Karam, exgobernador del Partido Revolucionario Institucional y procurador general de la República de 2012 a febrero de 2015 —durante la primera mitad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— fue detenido en agosto de 2022.
La fiscalía lo acusó de idear toda una estrategia destinada a inventar una verdad paralela sobre la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a través de torturas generalizadas de detenidos y manipulación de pruebas, con el fin de acallar el clamor social que exigía resultados ante un crimen que conmocionó dentro y fuera del país.
La actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el ataque contra los jóvenes ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, como un “crimen de Estado” pero, nueve años después, el caso todavía está sin esclarecer pese a que se creó una Comisión de la Verdad con ese fin y las investigaciones de la Fiscalía General de la República siguen abiertas.
Decenas de personas han sido detenidas pero todavía no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales.
La noticia sobre Murillo Karam llega en un momento de gran malestar entre los padres de los estudiantes y el gobierno mexicano porque consideran que las Fuerzas Armadas siguen sin proporcionar documentos que podrían ofrecer datos importantes sobre el paradero de los jóvenes, tal y como denunciaron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el caso.
