CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — En la segunda semana de protestas en Panamá contra un contrato minero cuestionado por posible perjuicio medioambiental, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el miércoles un nuevo proyecto de ley que pretende ahora derogar el acuerdo de extracción de cobre en una zona boscosa del país, a pesar de advertencias de que ello podría generarle demandas multimillonarias al Estado panameño.
La negociación entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo con Minera Panamá ya había sido avalada por el Legislativo, pero derivó en un contundente rechazo en las calles con protestas que han forzado al ejecutivo a intentar dar marcha atrás.
El presidente Cortizo propuso primero llevar a consulta popular el contrato minero —pese a que ya estaba aprobado— para que los ciudadanos decidieran si debía ser derogado. Esa iniciativa no frenó las manifestaciones que comenzaron el 20 de octubre y que se mantenían el miércoles.
Por lo que el gobierno envió un nuevo proyecto de ley con el que pretende frenar proyectos futuros de extracción.
Ese texto normativo, que llegó el martes al Legislativo, contiene cuatro artículos y plantea una moratoria para prohibir que el Estado haga nuevas concesiones a actividades de exploración, extracción y transporte de minerales metálicos en todo el territorio nacional. El veto regiría, si la ley es aprobada, hasta que se haga una reforma integral al Código de Recursos Minerales, que sea producto de un amplio consenso nacional.
Pero, además, contiene un artículo en el que directamente se pide derogar el contrato con la empresa subsidiaria de la canadiense Fisrt Quantum Minerals.
Ese punto no estaba en el proyecto de ley enviado por el gobierno el martes, pero la comisión que recibió en primera instancia la iniciativa legislativa lo introdujo antes de enviarla al Pleno de la Asamblea para su discusión.
El miércoles por la tarde, el Legislativo —donde el gobierno cuenta con mayoría— aprobó en segunda instancia esa iniciativa y dejó para el jueves el tercer debate, en el cual no se pueden hacer modificaciones.
Poco antes, la policía antidisturbios dispersó con gases lacrimógenos y aparentes disparos de perdigones a manifestantes que llegaron a las inmediaciones de ese órgano.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, en un informe dijo que su oficina ha abierto 17 quejas, muchas de ellas colectivas, principalmente por uso de gases lacrimógenos y fuerza excesiva por parte de la fuerza pública. También mantiene una queja abierta por la pérdida de la visión en uno de los ojos de un fotógrafo y otras por el uso de gases lacrimógenos con fechas vencidas, entre otros casos.
Mencionó que durante los acompañamientos que realiza la institución en las manifestaciones ha podido detectar 325 aprendidos, de ellos 63 personas con heridas menores.
Juristas han advertido que una derogatoria del contrato —ya sea por la nueva ley o por consulta popular— podría traer consecuencias para el Estado por incumplir el acuerdo con la empresa y han pedido que se deje a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre su posible inconstitucionalidad.
La corte ha admitido ocho demandas de inconstitucionalidad presentadas por gremios y juristas. Los expertos consideran que de darse un fallo en esa línea libraría al Estado de posibles demandas multimillonarias por parte de la empresa.
En el Legislativo está también la propuesta de ley que, a petición de Cortizo, se envió a inicios de semana para convocar a la consulta popular. Está pendiente de entrar en agenda de debate. Los manifestantes se oponen a esa consulta popular e insisten en que ya se hizo un pronunciamiento en las calles con el repudio popular al contrato.
Las protestas con bloqueos de carreteras, concentraciones y marchas en la capital y en el interior no han parado desde la semana pasada cuando Cortizo, pese al rechazo de activistas medioambientales y jurídicos, selló el contrato entre el Estado y Minera Panamá que fue velozmente promulgado como ley.
Los críticos del acuerdo consideran que otorga demasiados beneficios y facultades a la minera extranjera en una zona de casi 13.000 hectáreas y cuestionan el impacto que tendría la actividad a cielo abierto en el medio de un zona boscosa que, según imágenes aéreas, ya muestra una enorme devastación de la naturaleza. Además, advierten que podría afectar a fuentes de agua que son utilizadas para consumo humano.
El contrato renueva por 20 años la explotación minera en esa zona, prorrogables a otros 20 años más.
