BOGOTÁ (AP) — “Vamos hacia el fin del conflicto con el ELN, ¿sí o no?”.
El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, cuestionó a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional en una sesión ante el Congreso de Colombia para que tome una postura más decidida sobre la práctica de los secuestros, tras el cautiverio del padre del futbolista Luis Díaz.
El gobierno colombiano indicó el martes que el proceso de diálogo con el ELN pasa por un momento “crítico” y requirió que se adopten decisiones “de fondo” en relación con el secuestro, que el grupo armado no ha eliminado pese a que firmó un cese al fuego bilateral.
El ELN mantiene cautivas a otras personas, pero fue el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz perpetrado el 28 de octubre el que aumentó la presión para que la guerrilla —fundada en 1964 bajo la inspiración de la revolución cubana— cese de secuestrar, como muestra de voluntad de diálogo.
El Alto Comisionado pidió a la guerrilla compromisos, en una audiencia de control citada en el Congreso para rendir cuentas sobre la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que busca dialogar con diversos grupos armados.
Es “un momento crítico para que el ELN adopte decisiones de fondo frente a ese flagelo (del secuestro) y públicamente pueda adelantar compromisos.”, declaró Rueda.
Los secuestros se convirtieron en un eje fundamental del diálogo con el ELN por configurar una “violación al cese” del fuego bilateral que se mantiene con la guerrilla desde el 3 de agosto, según dijo el martes el jefe negociador del gobierno, Otty Patiño, en entrevista con Caracol Radio.
“No han hecho el reconocimiento de otros secuestros, pero hay pruebas e indicios suficientes de que ellos tienen a casi unos treinta secuestrados”, indicó Patiño, quien aseguró que el ELN “debe” liberar el martes a Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista de la selección Colombia y el Liverpool.
El ELN ha calificado como un “error la retención” del padre de Díaz por tratarse de “un símbolo de Colombia”, según dijo el sábado Antonio García, máximo jefe de la guerrilla, en un chat en el que está incluida la prensa. Sin embargo, no mencionó la intención de liberar a otros secuestrados.
El secuestro ha sido una práctica reiterada de los grupos armados en Colombia. La Comisión de la Verdad —creada para esclarecer los hechos de violencia— detalló en su informe final que 50.770 personas fueron secuestradas entre 1990 y 2018. El ELN fue responsable de 9.538 de esos episodios.
El ELN también fue cuestionado el martes por ordenar un paro armado —restricción de la movilidad bajo amenaza— en el Alto Baudó, al oeste del país, que obligó a confinarse y a desplazarse a más de 2.800 personas, según advirtió la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
“El confinamiento de la población también es un elemento que es violatorio del cese al fuego”, aseguró Patiño.
La política de “paz total” atraviesa momentos de tensión. En el Congreso, la legisladora crítica del gobierno Cathy Juvinao advirtió que la violencia ha aumentado en el país con secuestros, extorsión, confinamiento y confrontación entre armados.
“Le estamos entregando el país a grupos cuyo interés no es la paz, sino fortalecer su presencia para su negocio de narcotráfico ilegal”, dijo Juvinao al representante del gobierno.
A los incidentes con el ELN, se suma que las disidencias de las FARC autodenominadas Estado Mayor Central (EMC) suspendieron unilateralmente el domingo las conversaciones por “incumplimientos” del gobierno. Sin embargo, la insurgencia mantuvo el cese al fuego pactado desde el 16 de octubre.
El anuncio se produjo cuando el Ejército denunció el “secuestro” de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país, luego de la supuesta instrumentalización de la población por parte de las disidencias de las FARC.
El presidente Gustavo Petro cuestionó al EMC el martes desde su cuenta de X, antes Twitter, por “no asistir a la mesa de negociación” e indicó que solo es posible mantener el cese al fuego si avanza la negociación para sustituir las economías ilícitas y poner fin a las hostilidades sobre la población civil.