SAN SALVADOR (AP) — Dos abogados, un ciudadano y otro partido político pidieron el martes al Tribunal Supremo Electoral salvadoreño que anule la candidatura del presidente Nayib Bukele argumentando que la reelección está prohibida por la Constitución.
Horas antes del vencimiento del plazo para presentar recursos, el líder del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, y su candidato presidencial, Luis Parada, solicitaron la anulación de la inscripción aprobada el 3 de noviembre por la autoridad electoral.
El lunes, también el conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió anular la inscripción.
Además, los abogados Salvador Enrique Anaya y José Marinero insistieron en que la resolución de 2021 de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la reelección presidencial no es válida porque fue emitida por magistrados ilegítimos nombrados el 1 de mayo de 2021, luego de la destitución de sus antecesores.
“Ya sabemos de la existencia de una espuria resolución de los usurpadores de la Sala de lo Constitucional y el tribunal no quiso entrar al fondo del asunto, sino que prácticamente se lava las manos y como Poncio Pilato dice ’estoy cumpliendo una resolución”, indicó Anaya.
Y agregó que la candidatura del señor Bukele “es inhábil, es inconstitucional” y que "al menos siete disposiciones constitucionales señalan que está prohibida la reelección presidencial inmediata”.
Sin embargo, cuatro de cinco magistrados de rector electoral reiteraron el lunes que obedecerán esa resolución de la Corte Suprema. Dos de ellos argumentaron en sus votos emitidos el 1 de noviembre que la reelección presidencial está permitida por el artículo 152 de la Constitución.
En sus escritos para fundamentar la resolución, la presidenta del tribunal electoral, la magistrada Dora Martínez, manifestó que los artículos de la Carta Magna que prohíben la reelección se aplican en intentos por prolongar el periodo presidencial sin elecciones libres o por gobernar un tercer periodo.
La aspiración de Bukele para la reelección no ha sido objeto hasta ahora de pronunciamientos por representantes del gobierno de los Estados Unidos o de la Unión Europea que visitaron El Salvador hace dos semanas.
Después de casi cinco años de gobierno, Bukele mantiene su alta popularidad: el 70,8 % de la población dijo que está haciendo “bien las cosas” a su cuarto año de gobierno pese a que este respaldo era del 85,2 % en sus primeros 100 días.
Todos los demandante que piden la anulación de la candidatura solicitan que sus demandas sean conocidas y resueltas por los magistrados electorales suplentes.
Bukele debe pedir permiso seis meses antes de finalizar su periodo para participar en la contienda presidencial, según dos de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral sobre el procedimiento establecido por la Sala de lo Constitucional para la reelección inmediata.
En reemplazo del mandatario, Bukele debe proponer una terna al Congreso con posibles designados presidenciales. El primero de ellos, asumiría la Presidencia durante ese periodo de seis meses. “Seguramente, este proceso lo vamos a hacer en la última plenaria de noviembre”, dijo el martes el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a periodistas.
“La Constitución no habla nada de pedir permiso ni nada, se está copiando lo que hizo el general brigadier Maximiliano Hernández Martínez en 1935; él también pidió permiso y dejó la Presidencia en depósito en otro militar y después lo eligieron a él”, expresó, por su parte, Anaya.
Aunque creen que el tribunal podría rechazar su demanda de nulidad, los abogados creen que “quedará al menos registro escrito del papel de complicidad que el tribunal decidió cumplir con el proyecto dictatorial y de cómo decidieron apartarse de su mandato constitucional”, respondió Marinero a la agencia AP.
A la lista de los demandantes de nulidad de la candidatura de Bukele se unió el activista y estudiante Enrique López. “Quizá sea tirar agua en un cántaro roto, pero la historia no me juzgará como a otros”, expresó.
La noche del martes, la Asamblea Legislativa aprobó la vigésima prórroga del régimen de excepción, el cual ha estado vigente durante 591 días consecutivos aunque la Constitución indica que no excederá de 30 días, prorrogables mediante un nuevo decreto.
El gobierno informó que bajo el régimen de excepción — el cual entró en vigor el 27 de marzo de 2022 — se ha capturado a 73.800 pandilleros. Las cifras policiales publicadas en la plataforma X, conocida previamente como Twitter, muestran una disminución en el promedio diario de homicidios de 3,3 en 2021 a 1,6 en 2022 y 0,5 hasta el 31 de octubre de 2023.
Las autoridades no contabilizan homicidios de pandilleros y hacen cuentas de 477 días sin homicidios durante el gobierno de Bukele.
“Esto nos ha permitido ser sede de eventos de talla mundial” como Miss Universo, dijo el diputado oficialista Ángel Lobos.
Para la diputada Marleni Funes, del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el régimen de excepción tiene fallas “como captura de inocentes y los abusos de parte de elementos del cuerpo de seguridad”.
Al momento de solicitar la prórroga, el Consejo de Ministros argumentó que “aún permanecen miembros terroristas y sus liderazgos en libertad” y que estos “mantienen su agresión a la población y cuerpos de seguridad” con “ataques concretados durante el régimen de excepción”.
La política de mano dura del gobierno de Bukele, sin embargo, ha sido rechazada recurrentemente por organizaciones de derechos humanos. Hasta el 31 de octubre, registraron 3.496 denuncias de violaciones a derechos humanos, el fallecimiento de 191 bajo custodia del gobierno y 370 denuncias de torturas.
La organización Socorro Jurídico calcula, basándose en fuentes internas de la Policía e inferencias con versiones de personas liberadas, que los capturados sin vínculo con pandillas podrían ser 20,000. Oficialmente el gobierno ha informado de 7,000 personas liberadas en el régimen de excepción.
La vigésima prórroga, que expira el 12 de diciembre, mantendrá la suspensión a los derechos a información sobre el motivo de una detención y a recibir asistencia de defensor en los términos que establece la ley, al límite de 72 horas de detención administrativa y la necesaria autorización judicial para la intervención en las telecomunicaciones.
