SAN SALVADOR (AP) — Mientras organizaciones de El Salvador declararon el jueves en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tienen 327 denuncias de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, el representante presidencial del país lo calificó de falso.
La audiencia, desarrollada en Washington, fue solicitada a la Comisión por las organizaciones para que verifique si El Salvador cumple sus obligaciones ante las desapariciones, con énfasis en el régimen de excepción que se extiende por más de un año y medio y que fue decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su política de mano dura contra las pandillas.
En San Salvador, Zaira Navas, de la organización Cristosal, explicó que hay 327 casos de personas que fueron detenidas por policías o militares sin que se informara a sus familias. En “muchos de estos casos la familia todavía no sabe dónde está”, indicó.
En la misma audiencia, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, detalló la captura de un joven identificado como Juan, ejecutada el 30 de marzo de 2022. Sus familiares se enteraron de la muerte por la empresa funeraria y el Instituto de Medicina Legal les explicó que había fallecido de “trauma cerrado de tórax severo de tipo contuso”.
Otro de los casos relatados fue el de Henry Joya. Su hermano Jesús supo el 19 de septiembre de 2022 que “había sido enterrado 73 días antes” en una fosa común con un nombre erróneo.
El director de derechos humanos de Cristosal, David Morales, detalló que en esos casos se negó o se entregó información falsa sobre el paradero de las víctimas durante periodos de hasta ocho meses.
Además, denunció que los cadáveres de tres hombres y una mujer ya fueron encontrados en fosas comunes de cementerios públicos y que tienen evidencias de que “la práctica de la tortura bajo el régimen es una constante”. Atribuyó 193 muertes a estas circunstancias.
Mientras las organizaciones pidieron a la CIDH que exhorte a El Salvador a reconocer estas denuncias, el gobierno negó en la audiencia este tipo de práctica.
“Se ha alegado la existencia de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, esto es totalmente falso”, expresó el colombiano Andrés Guzmán, nombrado en mayo por el presidente Nayib Bukele como comisionado presidencial de derechos humanos.
El representante estatal dijo que las desapariciones forzadas disminuyeron de 3.546 anuales en 2019 a 219 anuales de enero de 2020 a octubre de 2023, de las que un 70% se han resuelto. Y añadió que más de 72.000 terroristas, pandilleros y colaboradores han sido capturados y “están siendo procesados por distintas imputaciones”.
El vocero oficial pidió que las organizaciones reconozcan como falsa la “afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción siquiera existan”.
“Quiero dejar claro que en el 2023 la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos”, insistió ante los comisionados de la CIDH y representantes de las organizaciones.
En cambio, Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), aseguró que las organizaciones calculan que entre 2019 y 2022 las instituciones estatales recibieron 6.400 denuncias de desapariciones de todo tipo, en su mayoría perpetradas por pandillas, y que 2.397 son casos activos de jóvenes que se negaron a pertenecer a las pandillas.
Según Cristosal, ocho de cada diez víctimas de desaparición forzada son hombres y seis de cada diez tienen entre 18 y 35 años.
La comisionada Julissa Mantilla, quien preside la CIDH, advirtió que en las desapariciones forzadas, a diferencia de las desapariciones en general, hay intervención del Estado para esconder y negar información de la víctima. “Cuando se niega información, se dice ‘eso no existe’, se está configurando la figura de desaparición forzada”, advirtió.
La representante de la CIDH insistió en la audiencia en que “ojalá” el gobierno salvadoreño les autorice una visita a El Salvador, a lo cual el comisionado presidencial le respondió que requieren incluir una agenda específica sobre la “ayuda que debe dar la CIDH a las víctimas de las pandillas”.
Mantilla reiteró que están listos para “ir a El Salvador y trabajar directamente con las mujeres víctimas de las pandillas”.
El 7 de noviembre, el Congreso salvadoreño prolongó hasta el 12 de diciembre el régimen de excepción, una medida implementada por el gobierno de Bukele que suspende derechos fundamentales como el de asociación, el de ser informado de los motivos de una detención e incluso el de tener asistencia de un abogado.
El gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, candidato presidencial a la reelección inmediata, ha dicho que mantendrá el régimen de excepción hasta que no haya “ningún marero” o pandillero en las calles.
El 26 de octubre pasado, al solicitar su inscripción oficial como candidato presidencial, Bukele exhortó a votar para que el próximo Congreso, que inicia en mayo de 2024, pueda seguir aprobando el régimen de excepción. Mientras, diplomáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea han ofrecido en distintas ocasiones apoyo para una transición del régimen de excepción hacia un estado de respeto al “debido proceso”.
La candidatura a la reelección de Bukele enfrenta ocho solicitudes de anulación o revocatoria que argumentan que la reelección inmediata es inconstitucional.
