LIMA (AP) — Transportistas peruanos marcharon el jueves hasta el Congreso para protestar contra el aumento de la delincuencia, la principal crítica contra el gobierno, con consignas contra migrantes.
Los manifestantes eran transportistas de motos de tres ruedas, conocidos como mototaxis, de una zona humilde donde existen barriadas que se formaron tras una ola de migración interna desde los Andes que empezó hace casi un siglo y se masificó hace cuarenta años durante el conflicto armado que enfrentó a las fuerzas de seguridad y el grupo terrorista Sendero Luminoso.
No obstante, las proclamas de la marcha iban dirigidas a extranjeros que viven en Perú, a los que responsabilizan de quitarles clientes y del aumento de la delincuencia. La manifestación sucede un día antes de que venza el plazo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte estableció para que los migrantes regularicen sus situación en el país.
En caso de no hacerlo, el gobierno ha dicho que podrían recibir órdenes de salida obligatoria o incluso expulsiones. Según datos de la ONU, en Perú hay alrededor de 1,3 millones de venezolanos.
Además, 33 legisladores presentaron el martes un pedido para destituir al ministro del Interior, Vicente Romero, a quien achacan la falta de estrategia para luchar contra la delincuencia en un país que ha visto aumentar las cifras de violencia, incluidas las extorsiones.
Javier Campos, un mototaxista peruano, dijo a The Associated Press que delincuentes venezolanos querían adueñarse de los paraderos donde se espera a los clientes. “Nos quieren cobrar diez soles (2,6 dólares) diarios para trabajar”, indicó el hombre de 45 años que gana alrededor de 10 dólares diarios.
Los transportistas también acusaban a los extranjeros de formar o colaborar con bandas delincuenciales de venezolanos dedicados a la extorsión. “No tenemos por qué darle el sudor de nuestra frente”, dijo a la AP una peruana que no quiso identificarse por temor a la delincuencia. “El Congreso que haga valer nuestros derechos... Tienen que defendernos”, indicó.
La policía arrojó bombas lacrimógenas a los mototaxistas para despejar la vía frente al Congreso. La AP observó que durante el recorrido de la marcha algunos manifestantes arrojaron botellas de agua contra un hombre que se desplazaba en una moto de reparto rápido y en otro momento otro grupo volteó una mototaxi. Ambos eran conducidos por extranjeros.
“Se está pasando una situación muy fea aquí en Perú tanto con mis paisanos venezolanos y los peruanos”, dijo el venezolano Antonhy Camacaro, de 33 años, quien vende pollos en un mercado cerca de la zona donde se inició la marcha. “Hemos venido muchos venezolanos a trabajar, otros a delinquir, a hacer cosas malas, pero no por unos malos, nosotros los buenos vamos a pagar los platos rotos”, comentó.
Camacaro, quien vive en Perú desde hace siete años, dijo que el último fin de semana “fue perseguido” y que se tuvo que esconder en un taller porque grupos de peruanos con los rostros cubiertos lo persiguieron con piedras y palos. “Eso no es justo”, indicó y añadió que una protesta no se hace con piedras ni palos, sino con pancartas y de forma pacífica.
Un par de mototaxistas le dijeron a la AP que conocían venezolanos que habían sido injustamente catalogados de delincuentes.
Las noticias sobre extorsiones a pequeños negocios son frecuentes en Perú y también han comenzado a difundirse otras sobre secuestros. La policía ha dado golpes a varios grupos delincuenciales peruanos, pero también a otros presuntamente ligados a la banda transnacional venezolana Tren de Aragua, a quien atribuyen una ferocidad mayor que la de delincuentes peruanos.
De hecho, el pedido de los legisladores para pedir la renuncia del ministro del Interior recogía que “diariamente, se cometen feroces actos criminales que van desde extorsiones, la trata de personas, asesinatos por sicarios, secuestros, robos, enfrentamientos a mano armada con otras bandas, con la policía, con los miembros de serenazgo, a cualquier hora y lugar”.
Para lograr la renuncia de un ministro se necesita al menos 66 votos de los 130 legisladores que integran el Congreso unicameral peruano. No se sabe aún si este pedido progresará y el ministro Romero no ha brindado comentarios al momento sobre el pedido de su renuncia.
El lunes, el Congreso archivó la principal iniciativa del gobierno contra la inseguridad ciudadana presentada en julio que buscaba incorporar a 50.000 nuevos agentes entre exsoldados y jóvenes desempleados mediante una instrucción rápida de un año, a diferencia de los tres años que sigue regularmente un agente antes de salir a las calles.
El gobierno respondió esa fecha anunciando la creación de tres grupos policiales extraídos de diferentes unidades que formarán parte del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), la Brigada contra Extorsiones y el Grupo de Patrullaje a Pie.
La inseguridad ciudadana es la principal crítica al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según todas las encuestas. Las extorsiones en Perú aumentaron en más de 50%, llegando a la cifra de 12.730 denuncias registradas, entre enero y agosto de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos difundidos por la policía.
Perú, un país sudamericano con 33 millones de habitantes, tiene 133.880 policías, alrededor de un agente por cada 245 habitantes. La cifra peruana está por encima del promedio sugerido por Naciones Unidas que recomienda un policía por cada 333 habitantes.
