CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Santiago Taboada, aspirante de oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, acusó el jueves a la fiscalía de la capital mexicana de haber presentado una solicitud para tener acceso a sus registros telefónicos y los de otros políticos relevantes.
La acusación es la más reciente insinuación de que elementos de la fiscalía capitalina han abusado de su poder con fines políticos. La fiscalía “desmintió categóricamente” los señalamientos el jueves.
La ciudad es gobernada por el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió ponerle fin al espionaje político en México, pero aparentemente no lo ha hecho.
El caso, reportado en primera instancia por The New York Times, involucra a Taboada, quien gobierna la alcaldía Benito Juárez, uno de los distritos de mayor nivel económico de la ciudad. Taboada aspira a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024.
Dijo que la solicitud de registros políticos era una “persecución política”.
“Ahora más que nunca queda expuesta la persecución política de la que he sido víctima durante meses”, escribió Taboada en sus cuentas de redes sociales.
Como parte de una supuesta investigación, elementos de la fiscalía capitalina presuntamente pidieron a la empresa de telefonía celular Telcel que hiciera entrega de los registros telefónicos y de mensajes de texto de Taboada y de más de una decena de políticos, incluidas figuras de la oposición y algunos altos miembros del propio partido del presidente.
La oficina de Taboada dijo que las solicitudes de los registros telefónicos se descubrieron en expedientes de la fiscalía, y que aparentemente se entregaron los registros. Telcel no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre si lo hizo.
Ulises Lara, portavoz de la fiscalía, dijo el jueves que “esta institución no hace espionaje a personajes políticos”, pero no negó la existencia de los documentos que Taboada asegura se descubrieron en una demanda.
En su lugar, Lara dijo que las solicitudes “son falsas” y que el caso ha sido referido para investigación a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dejando entrever que alguien al interior de la fiscalía o algún otro empleado de gobierno fue quien presentó las solicitudes de registros telefónicos.
En México, la fiscalía puede presentar solicitudes urgentes de registros telefónicos en casos de emergencia, pero a la larga debe obtener una orden judicial. Lara aseguró que actualmente no hay casos penales ni investigaciones abiertas en torno a las personas cuyos registros fueron solicitados.
Se trata de un tema delicado para López Obrador, quien fue objeto de espionaje gubernamental durante las décadas de 1970 y 1980.
Aunque asegura que el gobierno ya no lleva a cabo labores de espionaje a nivel nacional, grupos defensores de la libertad de prensa declararon en abril que aparentemente el gobierno seguía utilizando el spyware Pegasus para intervenir los teléfonos de defensores de los derechos humanos incluso a finales de 2022.
No sería la primera vez que elementos de la fiscalía capitalina aparentemente usan la ley con fines políticos.
En agosto, fiscales capitalinos tomaron una medida inusual y extrema cuando solicitaron que elementos de la Infantería de Marina los acompañaran a otro estado para detener a Uriel Carmona, fiscal general del vecino estado de Morelos, y lo trasladaran de regreso a la Ciudad de México.
Posteriormente los tribunales determinaron que el arresto de Carmona fue indebido y ordenaron que fuera puesto en libertad. En México, los fiscales sólo tienen permitido intervenir dentro de su estado, a menos que reciban permiso de otro estado.
Los fiscales de la Ciudad de México dijeron que Carmona fue arrestado por cargos de obstruir la investigación sobre el asesinato de una mujer de la capital en 2022, cuyo cuerpo fue encontrado poco después de cruzar los límites estatales hacia Morelos.
Pero Carmona asegura que es víctima de una conspiración política que involucra al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos. Carmona dijo que López Obrador ordenó su detención porque su oficina investigaba los supuestos vínculos de Blanco con el crimen organizado.
Blanco, aliado político de López Obrador, ha rechazado tener cualquier relación con narcotraficantes, luego de que saliera a la luz una fotografía de hace tres años en la que aparece junto a tres hombres identificados como líderes de un cártel local.
Meses antes ese mismo año, fiscales de la capital detuvieron a un concejal de oposición por cargos de corrupción. Pero la fiscalía no ha logrado encarcelar ni declarar culpable a nadie por el desplome de una sección elevada del metro capitalino en mayo de 2021 que dejó 26 muertos y casi 100 heridos.
Fue un caso humillante debido a que Marcelo Ebrard, que ordenó la obra cuando fue jefe de gobierno, como la entonces titular de la capital Claudia Sheinbaum —cuyo gobierno aparentemente no detectó el problema ni brindó el mantenimiento adecuado a las vías— pertenecen a Morena. Ahora Sheinbaum es la candidata presidencial del partido rumbo a 2024.
