CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una Corte de Apelaciones en Guatemala ordenó la libertad de una reconocida abogada defensora de derechos humanos que lleva más de dos meses detenida acusada del delito de abuso de autoridad.
Claudia González es defensora de varios operadores de justicia que han denunciado ser víctimas de criminalización por parte de la fiscal general Consuelo Porras por haber investigado actos de corrupción, varios de ellos exiliados.
El juez que conoce la causa de González, Jimi Bremer, ordenó que González quedase detenida porque según él existía peligro de fuga, ya que a las audiencias de su primera declaración, que retrasó por más de un mes, asistieron diplomáticos que “podrían darle asilo político” a la abogada.
La Corte de Apelaciones que conoció de la apelación de la decisión de Bremer dijo que su resolución no se adecuaba al derecho, pues al ordenar su prisión preventiva no consideró que “la libertad de una persona no debe restringirse sino en los límites absolutamente necesarios”.
Bremer fue sancionado por Estados Unidos por autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas.
La fiscalía acusa a González de haber abusado de su cargo cuando era representante legal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que durante 12 años investigó y llevó a juicio, junto a la entonces Fiscalía Especial Contra la Impunidad, a más de 60 estructuras del crimen organizado.
Durante el tiempo que González ejerció en la CICIG, se le facultó para realizar peticiones judiciales. Según la fiscalía, González abusó de su cargo al solicitar, entonces, el retiro de inmunidad de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, a quien le acusaban de pedirle al juez Carlos Ruano favorecer a su hijo que era investigado y acusado por actos de corrupción.
A Stalling se le retiró la inmunidad y fue detenida mientras huía disfrazada con una peluca y un arma.
Posteriormente, fue absuelta por un tribunal. Stalling fue reinstalada en su cargo de magistrada, recibiendo un millonario pago por sueldo no recibidos durante su proceso. La magistrada posteriormente inició acciones contra los que la acusaron. Ruano buscó refugió en Estados Unidos por las acusaciones de Stalling y González quedó presa.
La detención de González ha generado el rechazo de organismo nacionales e internacionales.
En septiembre, la Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, dijo que estaba “seriamente preocupada” por la detención y juicio a González y que la detención podría ser “una represalia por su trabajo como abogada de derechos humanos”.
En octubre, el Comité de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones unidas recomendó al Estado guatemalteco liberar a González y a la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra también detenida, y dijo que “urgía al Estado erradicar el uso arbitrario del derecho penal, incluso para órdenes de arresto y prisión preventiva”.
