MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Así lo indican la ingeniera de Montes Raquel Álvarez Herranz, el ingeniero agrónomo Jorge Molero Cortés, y la licenciada en Sociología África Jiménez Ruiz, --los tres especialistas en agroecología--, en un artículo titulado 'Derecho a la alimentación saludable y sostenible en contextos de vulnerabilidad: un análisis de experiencias institucionales y comunitarias', que analiza cómo se está garantizando el derecho a una alimentación sana y sostenible en España.
"Por un lado, la tipología de productos incluidos en las 'cestas' que se entregan a las familias no suelen incluir alimentos frescos que, paradójicamente, son considerados por los organismos oficiales como la base de una dieta saludable. Y, sin embargo, incluyen una elevada proporción de alimentos azucarados y harinas refinadas. Por otro lado, no se están incluyendo criterios de sostenibilidad en cuanto a la procedencia de los productos, destinando el grueso de los contratos de compras a productos procesados de baja calidad de la agroindustria, beneficiando principalmente a grandes empresas y grandes superficies", advierten los expertos.
En este sentido, proponen un cambio del modelo de las ayudas alimentarias, "que aumente las posibilidades de acceso a alimentos que permitan a todas las personas contar con una dieta adecuada", atendiendo a lo que las autoridades sanitarias consideran una dieta saludable, y "acorde con los propios gustos y cuestiones culturales de las personas".
Asimismo, consideran necesario que esta compra pública cuente también con "criterios de sostenibilidad, que apoyen a las producciones locales y ecológicas, así como al comercio local".
Precisamente, aseguran que vincular las ayudas a proyectos productivos locales y a redes de productores, supone una doble ventaja: hace más accesibles los alimentos frescos a las familias vulnerables, al evitar intermediarios, y da oportunidades a la producción local para organizarse y ofrecer un mejor servicio.
Aunque señalan que, desde 2021 se está trabajando en el cambio de este modelo de ayudas alimentarias, señalan que existen "serias dudas sobre si éstas se convertirán en un instrumento capaz de enfrentar las situaciones de inseguridad alimentaria de una manera más sostenible, equitativa y saludable" o si favorecerá "a las grandes industrias agroalimentarias y a las grandes superficies".
En este contexto, los expertos apuntan que la agroecología, como ciencia, conjunto de prácticas y movimiento social y con su propuesta alternativa para sistemas agroalimentarios, puede contribuir al derecho a la alimentación en varios niveles: disponibilidad, aumentando la productividad; asequibilidad, disminuyendo la pobreza rural; adecuación, al mejorar la nutrición; sostenibilidad y participación de los agricultores.
En este sentido, destacan que "se están desarrollando experiencias que no solo aspiran a garantizar este derecho de acceso a una alimentación más sana, sostenible y equitativa, sino también apoyar a las producciones locales y agroecológicas y al comercio local".
REDES DE APOYO MUTUO, REFORZADAS EN LA PANDEMIA
Asimismo, señalan que, ante las situaciones de inseguridad y emergencias alimentarias, existen otros mecanismos de respuesta, desde experiencias institucionales más territorializadas (a nivel local, de diputación o de comunidad autónoma), hasta respuestas comunitarias apoyadas en movimientos vecinales y redes de apoyo mutuo, "que se vieron reforzadas a raíz de la Covid-19".
En todo caso, los expertos señalan que no es de extrañar que las entidades sociales y las redes de apoyo mutuo "no siempre incorporen la perspectiva agroecológica, ya que la alimentación sana y sostenible tiene una prioridad baja en comparación con otras problemáticas" pues las personas que acuden a estas ayudas "no solo presentan una falta o escasez de recursos económicos para acceder a una alimentación sana y sostenible, sino que ésta se suma a otras carencias como el empleo, la vivienda, la energía, la salud, etc".
Además, reconocen que, a menudo, las experiencias con enfoque agroecológico "se enfrentan a una disyuntiva en el trabajo de sensibilización" pues hablar del consumo como un acto individual, que tiene efectos sobre la salud o un impacto sobre el medio ambiente y sobre el planeta, "genera o puede generar rechazo cuando la realidad es que no llegas a final de mes".
Igualmente, apuntan que esto se une a que "el mensaje llega de una manera más directa a las personas en las que recae la responsabilidad del cuidado, mayoritariamente mujeres, que se ven incapaces de atender a las expectativas de proporcionar esa alimentación a las personas que están a su cargo, generando una mayor frustración".
Ante esta situación, sugieren que "plantear el consumo y la alimentación no como una elección o acto individual, sino como un derecho humano, puede evitar señalar con el dedo o culpabilizar a las personas, y ser un potente catalizador del cambio hacia esa transición alimentaria".
Entre sus propuestas, los especialistas piden a las administraciones locales que destinen recursos a infraestructuras y equipamientos públicos que permitan "una distribución y una logística más eficiente"; que se pongan en marcha acciones conjuntas entre organizaciones sociales, agroecológicas y la administración, o que se promueva la autonomía de las personas que acuden a pedir ayuda alimentaria y se evite su estigmatización.
En esta línea, los expertos han observado que en las experiencias comunitarias el grado de autonomía es mayor y menor la estigmatización, puesto que se mueven en el ámbito del apoyo mutuo. "Es necesario que las entidades locales caminen hacia prácticas más inclusivas y menos asistencialistas y excluyentes", subrayan.
