CARACAS (AP) — La Unión Europea anunció el lunes una renovación por seis meses, y no un año, a las sanciones que impuso a decenas de funcionarios venezolanos acusados de socavar la democracia y de estar vinculados con violaciones de los derechos humanos. La decisión del bloque es a manera de concesión con el propósito de revaluar las medidas lo antes posible en caso de que se otorguen garantías de que los próximos comicios presidenciales sean libres y transparentes.
El gobierno venezolano, sin embargo, manifestó su desacuerdo.
En un comunicado divulgado horas más tarde, la cancillería venezolana catalogó de “arrogante e ilícita decisión de la UE”, mientras que el presidente Nicolás Maduro dijo en su programa semanal de radio y televisión, que “con sanciones o sin sanciones no van a detener a Venezuela”.
En el marco de la revisión anual de sus medidas, el Consejo de la UE ha “decidido acortar la duración de la próxima renovación de 12 a 6 meses” con miras a revaluar el posible levantamiento de las sanciones en función que se den “avances concretos, sostenibles y verificables con respecto a la situación en Venezuela”.
El organismo indicó en un comunicado que acogió “con satisfacción” el acuerdo suscrito por el gobierno de Maduro y un sector de la oposición en octubre, cuando se reanudaron en Barbados los diálogos que habían permanecido suspendidos desde noviembre de 2022 y donde acordaron trabajar en un plan que brinde garantías para las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024.
Las sanciones datan de 2017 y recaen sobre 54 personas, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El bloque europeo consideró el acuerdo como un “paso positivo y necesario” de cara a los próximos comicios. El 14 de mayo del año próximo volverá a evaluar la posibilidad de mantener o levantar las sanciones.
Las sanciones incluyen la prohibición de viajar y el congelamiento de bienes de los funcionarios en territorio de la UE. Además, mantiene un embargo de armas y prohíbe el envío de municiones y demás instrumentos que pudieran usarse para acciones represivas.
El acuerdo de Barbados se concretó días antes de que un sector de la oposición llevara a cabo primarias para elegir a su candidato para las elecciones presidenciales.
La realización de esas primarias — en que la exlegisladora María Corina Machado ganó por amplio margen — supuso una muestra de la disposición del oficialismo de honrar los acuerdos.
Sin embargo, un día después de las primarias, la fiscalía general, controlada por el gobierno de Maduro, anunció una investigación a los organizadores del proceso por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
El Tribunal Supremo, bajo control del oficialismo, suspendió posteriormente todo el proceso electoral primario de la oposición, incluido su resultado, y ratificó las prohibiciones impuestas por el gobierno de Maduro a tres candidatos, incluida Machado, para postularse a cargos públicos.
Las últimas acciones del gobierno parecen ser un intento de echar por tierra el ambiente triunfal de la oposición, la cual logró movilizar a 2,3 millones de venezolanos a las urnas, según datos de de sus organizadores. Los aliados de Maduro sostienen que las cifras fueron infladas.
